Unesid recurre la orden ministerial de interrumpibilidad y pide su suspensión cautelar

En una nota, Unesid indica que, con el despacho Ramón y Cajal como letrado, ha recurrido la orden ministerial y solicitado la suspensión cautelar por "los graves daños que su implantación puede suponer para la industria siderúrgica española, que corre el riesgo de cierres definitivos de instalaciones con la consecuente pérdida de puestos de trabajo".

La asociación ha aportado al recurso un estudio técnico y económico elaborado por KPMG, y recuerda que, desde que el Ministerio de Industria aprobó la orden, ha venido denunciando tanto públicamente como en comunicaciones a la Administración el "perjuicio gravísimo para la competitividad de la siderurgia española" que conlleva, hasta el punto de resultar "determinante para la subsistencia de este sector industrial".

El sector siderúrgico, recuerda, exporta anualmente productos por valor de más de 8.000 millones de euros y mantiene más de 60.000 puestos de trabajo, lo que le convierte en "uno de los pilares básicos" de la industria nacional.

"Las fábricas españolas del sector, consideradas entre las más competitivas de la Unión Europea, han realizado ya un ajuste máximo de su estructura de costes y de producción a la crítica situación de crisis económica y financiera que sufre el país", afirma.

"Ese fuerte proceso de ajuste ha incluido reducciones salariales, acordadas con los representantes de los trabajadores, cuyos efectos han sido ya sobrepasados por el aumento de la factura eléctrica como consecuencia de los cambios regulatorios", añade.

Unesid lamenta que el Ministerio haya decidido, "de forma unilateral, modificar radicalmente el servicio de interrumpibilidad, con nuevas condiciones" que, a su juicio, "rayan en la arbitrariedad".