La APM responde a Ignacio González que los medios ya tienen límites y rechaza cualquier intento de "imponer opacidad"

La Asociación de la Prensa de Madrid (APM) ha respondido este jueves al presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, que la Constitución y el resto de legislación ya impone unos límites "suficientemente claros" a la libertad de expresión y al derecho de información y ha rechazado cualquier intento "de imponer la opacidad" sobre las actividades de los representantes públicos.

La APM ha indicado que, en primer lugar, "para dar una respuesta cabal" a las declaraciones del presidente de la Comunidad de Madrid habría que saber "en qué clase de límites a la libertad de expresión y al derecho de información está pensando, fuera de los ya establecidos por la Constitución y la abundante legislación jurídica al respecto".

En segundo lugar, y por principio, la APM ha rechazado "cualquier intento, venga de donde venga, de limitar los derechos de libertad de expresión y de información que se trate de imponer violando las normas constitucionales y por encima de la ley".

En este sentido, la asociación considera que los límites a la libertad de expresión y al derecho de información "están suficientemente claros" y no son necesarios "nuevos límites que, sin especificar, suenan a intentos de imponer la opacidad sobre las actividades de los representantes públicos". "Si alguien considera que han sido vulnerados sus derechos al honor, la intimidad y la propia imagen puede acogerse al derecho de rectificación que establece la Constitución y, si así lo desea, puede recurrir a los tribunales", ha recordado la asociación.

La APM ha subrayado que existe "una abundante legislación constitucional y judicial" que ampara tales derechos siempre y cuando la información sea veraz y de interés público. El Código Deontológico de la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) señala que, sin perjuicio de proteger el derecho de los ciudadanos a estar informados, el periodista respetará el derecho de las personas a su propia intimidad e imagen, teniendo presente que sólo la defensa del interés público justifica las intromisiones o indagaciones sobre la vida privada de una persona sin su previo consentimiento.

El Código subraya que los periodistas consideran que su ejercicio profesional en el uso y disfrute de sus derechos constitucionales a la libertad de expresión y al derecho a la información, está sometido a los límites que impidan la vulneración de otros derechos fundamentales.