Aragón insistirá en la vía política para el regreso de los bienes de Sijena, defendiendo siempre la judicial

Así se ha pronunciado durante una comparecencia ante el pleno de las Cortes aragonesas solicitada por Ciudadanos (C's), en la que ha explicado que un informe de los servicios jurídicos de la Comunidad "avala" ese convenio y afirma que queda garantizada la vía judicial y administrativa, aunque hubiera sido firmado, algo que no ocurrió porque Catalunya, finalmente, se echó para atrás.

La consejera ha precisado que en todo momento han actuado contando con el asesoramiento de los técnicos de patrimonio y de los servicios jurídicos y el convenio que se iba a suscribir "ha sido revisado por expertos y en ningún caso han dicho que se vulneraban los intereses de Aragón".

Pérez ha asegurado que el convenio "no comprometía la posición del Gobierno autonómico ante los tribunales, en ningún momento se hablaba de depósito, fuimos muy escrupulosos y por eso tardamos dos meses" en fijar su redacción definitiva. Finalmente, no se ha suscrito a instancias de la Generalitat "por no tener consenso político", en concreto, porque ERC "fuerza la ruptura" por entender que "perjudica" los intereses catalanes.

La consejera ha añadido que el objetivo era "el retorno inmediato de 53 bienes; ese es el fin", pero hay quien "confunde fin y medios" por "intereses ocultos" y "hacen una maraña en la que se enredan y tratar de enredar a los demás".

Pérez ha incidido en que su objetivo es "agotar todas las vías que pongan fin al conflicto y que vuelvan todos los bienes a casa" y ha recordado que en el caso de los 97 bienes muebles del Monasterio de Sijena --de los que forman parte los 53 del convenio--, el pasado 1 de febrero "volvimos a solicitar ratificar el acuerdo de ejecución de la sentencia" que insta a su traslado a Aragón.

Ahora, están a la espera de que la juez dictamine una nueva fecha para la devolución, tras desestimar el Tribunal Supremo el conflicto de competencias aducido por la Generalitat, para recordar que el Gobierno aragonés ha pedido un plazo de 15 días una vez se conozca el día fijado por la justicia, la imposición de una multa coercitiva si hay retraso y finalmente pedir el auxilio de la brigada de patrimonio histórico de la policía judicial.

PINTURAS MURALES

Mayte Pérez ha informado, por lo que se refiere a las pinturas murales de Sijena, de que el juicio ha quedado visto para sentencia tras la declaración de la madre federal de las religiosas del monasterio el pasado 11 de abril.

Asimismo, ha apuntado que el Departamento ya ha invertido 100.000 euros para el acondicionamiento de los dormitorios del cenobio para la recepción de los bienes y en 2016 hay una partida de 339.000 euros para la restauración de la sala capitular, "que albergará las pinturas", frente a los 39.000 euros que se destinaron la pasada legislatura "para eliminar las humedades de las cubiertas".

La consejera también se ha referido a los 113 bienes de los obispados de Barbastro-Monzón y Huesca que se encuentran en depósito en el Museo Diocesano y Comarcal de Lleida y ha comentado que los obispados "se han negado reiteradamente" a dar poderes al Gobierno de Aragón para que este ejerza en su nombre acciones procesales.

Por eso, son los obispados quienes deben exigir al citado museo "la devolución de los bienes", y en ese caso el Ejecutivo autonómico "podría personarse como coadyuvante". Otra posibilidad sería que instaran a la ejecución de las sentencias canónicas que siempre han dado la razón a Aragón, algo que "no se ha hecho hasta ahora".

INOCENTE

La portavoz de C's, Susana Gaspar, ha considerado "inocente" la actuación de la consejera por pretende alcanzar un acuerdo con un Gobierno "que no reconoce el ordenamiento jurídico español y en ocasiones ha hecho gala de no acatar sentencias y dictámenes de nuestros tribunales".

Asimismo, ha querido saber "en qué condiciones" va a seguir negociando, "en qué va a ceder", ha cuestionado, porque la Generalitat "nos está tomando el pelo a todos los aragoneses". Por su parte, ha tendido la mano a la consejera "para que se cumplan las sentencias y finalmente los bienes regresen al lugar del que no debieron salir".

El diputado del PP, Antonio Torres, ha subrayado que "la vía judicial es la única garantía para la recuperación" de estas obras de arte y ha criticado al Gobierno de Aragón porque "se han creído que eran los más listos de la clase", cuando "no han entendido nada", pretendían firmar "un acuerdo de cogestión". "Hemos perdido credibilidad y unidad de acción" y "el patrimonio y la educación no puede estar en manos de alguien tan irresponsable", ha enfatizado.

La diputada del PSOE, Margarita Peris, se ha preguntado si "hemos avanzado algo con la no negociación" de la legislatura pasada, para argumentar que el actual Gobierno "está intentando abrir nuevas vías que acaben con el ninguneo" a Aragón y "la vía política es complementaria" a la judicial, además de que "nunca se ha renunciado a la legítima propiedad de los bienes que consideramos de Aragón", para apostillar que en el convenio "no aparece la palabra cogestión".

REHÉN DE LOS INTRANSIGENTES

La diputada de Podemos, Amparo Bella, ha lamentado que el Gobierno de Catalunya "sea rehén de los sectores más intransigentes" y "confiamos en que vuelva la cordura, el diálogo y que los bienes puedan mostrarse y conservarse en su lugar de origen a la mayor brevedad", para pedir "dejar de lado intentar apuntarse un tanto para el Gobierno en un asunto tan complicado porque cuando hay problemas los cerriles salen beneficiados".

La parlamentaria del PAR, María Herrero, ha opinado que el Gobierno "se ha equivocado con los bienes de Sijena", y aunque "no utilizan el término, hablan de cogestión" por lo que "mucho mejor casi que no se firmara" ya que "hubiese sido una cesión que dañaría a los aragoneses". Según ha dicho, si en los últimos 16 años Cataluña "nunca ha querido dialogar", ahora lo hace "porque lo ven todo perdido e intentan llegar a un acuerdo en el que puedan ganar algo".

El diputado de CHA, Gregorio Briz, que ha intervenido por el grupo mixto, ha lamentado el "anticatalanismo" y que esta cuestión "se utilice como herramienta política". A su juicio, "no estamos hablando de patrimonio, sino de otros intereses y de echar leña al fuego" y ha defendido que el Ejecutivo "no ha hecho una claudicación, sino que ha buscado un acuerdo sensato y concreto que pudiese facilitar la vuelta de los bienes".