Asociaciones de internautas anuncian movilizaciones si se aprueba el canon digital

Según ha explicado el presidente de AI, Víctor Domingo, se trata de un canon "indiscriminado, arbitrario e injusto" para los dispositivos. "Es volver a cometer los mismos errores, subsanados por los tribunales de justicia españoles y europeos y que ha supuesto que tras trece años de polémica con el canon digital quede en cuestión la compensación por la copia privada a los autores y aparcado otra vez, el interés general", ha señalado.

Ambas asociaciones convocaron este jueves un encuentro con representantes políticos para debatir sobre la compensación por copia privada, lamentando la ausencia de representantes del Gobierno. "Estamos enfadados, nos hemos encontrado con el tema consensuado y nos han dado donde más duele", ha lamentado en declaraciones a Europa Press el dirigente.

Por su parte, el presidente de la AUI, Miguel Pérez-Subías, cree que se "ha ignorado la petición de ser escuchados" que registraron ambas asociaciones en el pasado mes de noviembre. "Es una evidencia de que no hay ninguna voluntad de acuerdo ni de escuchar a las partes", ha añadido.

Mientras, el presidente de la Asociación de Usuarios de Comunicación (AUC), Alejandro Perales, se ha mostrado conciliador en declaraciones a Europa Press, al recordar que nunca se posicionaron contra el canon digital, a diferencia de las asociaciones de internautas. "En cualquier caso, me gustaría ver el borrador entero por alguna cosa nueva que pueda sorprender", ha añadido.

A priori, Perales ha defendido que sean las empresas tecnológicas que comercializan los dispositivos y soportes y los operadores de telecomunicaciones (con sus ofertas de ADSL y banda ancha), las que sean los principales pagadores de este canon, al entender que son "los agentes de la cadena de valor que más se benefician de las descargas o del acceso on line a contenidos audiovisuales sin autorización".

En cualquier caso, para AUC, que intentó personarse en el recurso contra el Real Decreto-Ley de 2011 vigente, pero se le negó la legitimación activa como organización de consumidores, la financiación de la copia privada a través de los Presupuestos Generales del Estado era "enormemente injusta", al universalizar el pago por los ciudadanos.