Instituto Cervantes contrata directivos sin documentar el requisito de mérito y capacidad, según el Tribunal de Cuentas

Según este informe, al que ha tenido acceso Europa Press, los expedientes relativos a la contratación de personal directivo del Cervantes no acreditan los principios de mérito y capacidad necesarios y requeridos para los 22 puestos, puesto que no han sido "documentadas" estas valoraciones.

El Tribunal de Cuentas hace referencia al centro de Nápoles, cuyo puesto de director se adjudicó a una candidata que no cumplía los objetivos exigidos, así como al centro de Nueva Dehli, cuyo puesto de dirección quedó vacante a pesar de haber 38 candidatos que cumplían los requisitos.

Además, este informe revela que el Instituto Cervantes no disponía de aprobación de las cuantías efectivas para las retribuciones de los puestos directivos de la sede que no estaban sujetos al convenio colectivo y que percibieron una cantidad destinada a retribuir el cumplimiento de los objetivos "sin que conste que estas retribuciones (que ascendieron a 89.295 durante 2012) respondieran a una evaluación".

Otro de los puntos a los que hace referencia este informe es el contrato de arrendamiento del centro de Atenas, en el que no constaba "ni la autorización de la sede para la realización de la obras adicionales, ni la modificación presupuestaria necesaria para asumir de coste de las obras ni valoración que acreditara el coste de los trabajos ni acta de recepción de las obras". Además, en la contabilidad del centro no se reflejó ninguna devolución por un importe de 409.220 euros que, según el contrato firmado en 2009, el arrendador entregó al director.

SISTEMA DE GESTIÓN, "NO SUFICIENTEMENTE ADECUADO"

Respecto al sistema de gestión del Cervantes, el informe es crítico con varios aspectos y señala que "no es suficientemente adecuado para contribuir al cumplimiento de los objetivos". En primer lugar, señala que los manuales cuentan con "normas obsoletas y en desuso", otras que "no se adecuan a la legislación aplicable" e incluso a la propia normativa de la entidad.

En concreto, señala que la norma que regula el proceso de elaboración de la normativa interna (que cuenta con más de 12 años) no está formalmente aprobada. Algunas de las operaciones relativas a la actividad cultural no se realizan conforme a los manuales y además el Cervantes no disponía de una norma de gestión económica de los cursos para controlar de forma adecuada los ingresos procedentes de matrículas.

En cuanto a la actividad económico-financiera, el Tribunal de Cuentas también llama la atención sobre el incumplimiento de la obligación de que el Consejo de Administración apruebe a finales de año de cada ejercicio el inventario de bienes y derechos que constituyen el patrimonio de la institución.

Asimismo, el informe indica que el Cervantes no vio la obligación de ingresar en el Tesoro público de las cantidades devengadas que no debían ser percibidas por determinados miembros del Consejo de Administración.

CUENTAS ANUALES

En cuanto a las cuentas anuales, el Tribunal de Cuentas afirma que el Cervantes no tenía en el ejercicio fiscalizado de un inventario actualizado de los bienes del inmovilizado material e intangible adquiridos con anterioridad al 1 de enero de 2005. En el caso de las inversiones registradas antes del 31 de diciembre de 2004, no inventariada, no se dispone de los datos relativos a las fechas de entrada en funcionamiento de los bienes y eso "impide calcular el importe exacto de su amortización".

El informe indica que el Instituto Cervantes tampoco registró los ingresos procedentes del patrocinio en especie de las actividades culturales y que algunos centros del exterior aplicaron el criterio de caja para el registro de sus gastos, por lo que se contabilizaron en el ejercicio en el que se pagaron, con independencia del devengo, sin que sea posible totalizar el número de centros que realizaron esta práctica.

Por todo ello, el Tribunal de Cuentas recomienda acometer una actualización completa del inventario, elaborar un manual de organización y funcionamiento; aprobar una norma que regule la gestión de ingresos por matriculación; solicitar un incremento en la dotación de recursos humanos; revisar la norma de gestión económica de actividades culturales; y crear una norma que establezca criterios en la contratación de personal docente colaborador.