El abogado de Villanueva de Sijena sostiene que los recursos ante el Supremo no prosperarán

En una nota de prensa, se ha pronunciado así tras una primera lectura de estos recursos, presentados por la Generalitat de Cataluña, el Museo Nacional de Arte de Cataluña (MNAC) y el Museo de Lérida.

Además, ha estimado que es "sorprendente" y "esto también va a pesar mucho sociológicamente en el Supremo, que los consejeros de Cultura catalanes hayan desobedecido a la jueza de Huesca y ahora pretendan precisamente clamar justicia cuando la han despreciado y de qué manera".

Español ha enumerado varios argumentos por los que estima que no prosperarán los recursos, como que estadísticamente solo lo hacen el cinco por ciento de los de casación ante el Supremo y que el Alto Tribunal ha dicho que la extensión de los mismos no debe pasar de 25 páginas y en este caso poseen 68 páginas el de la Generalitat, 67 el del MNAC y 87 el del Museo de Lérida.

El abogado ha reconocido que esta no es una "norma estricta", pero "sí que resulta determinante cuando vemos la extensión inusitada de los tres recursos de casación planteados", que "triplican la extensión máxima que debe tener un recurso de casación".

Por eso, "por mucho que la Generalitat y los dos museos hayan intentado justificar la necesaria extensión de sus recursos, no se justifica de ningún modo que hayan utilizado el recurso de casación como un extenso escrito de alegaciones por lo que, lo más probable es que el Supremo ni se lea esos recursos y los inadmita directamente".

El letrado ha manifestado al respecto que el recurso de casación debe ser un escrito "conciso, claro y breve", sin que quepa utilizarlo como un extenso escrito general de alegaciones, "que, a mi modesto entender, es lo que la parte catalana ha hecho aquí".

ACUSACIÓN GRAVE

El abogado de Villanueva de Sijena ha expuesto como otro motivo que impedirá seguir adelante a estos recursos que en ellos se "acusa" a los tres magistrados de la Audiencia Provincial de Huesca de haber dictado la sentencia de apelación de 30 de noviembre de 2017 "sin siquiera poder deliberar los recursos de apelación interpuestos".

Para Español, "esto es una acusación muy grave y que no se debe permitir a nadie pues es claro que los magistrados han deliberado esos recursos de apelación antes de votar a favor de desestimarlos por mucho, incluso, de que se señalase por la Audiencia el mismo día 30 de noviembre para deliberación y fallo".

En este punto, ha indicado que la Audiencia de Huesca "siempre lo hace así y seguro que ha habido antes muchas reuniones preparatorias entre todos los magistrados, y más con un asunto de tanta trascendencia, y ese día 30 pasaron a realizar la deliberación final de los recursos de apelación emitiendo un voto de rechazo" por las causas legales que señala la sentencia.

El letrado ha considerado que "esta acusación no va a gustar nada en el Tribunal Supremo y a nadie se le oculta que quien sea responsable de haber lanzado afirmaciones tan infundadas puede y debe responder, disciplinariamente al menos, por atreverse a realizarlas" ya que "atentan contra el honor y la profesionalidad intachable de los tres magistrados de la Audiencia Provincial de Huesca a quienes se les debe considerar como auténticos maestros del Derecho dada su gran profesionalidad, rectitud, honradez y sabiduría".

Jorge Español ha recordado que la Audiencia Provincial de Huesca tiene un recurso de reposición que debe resolver en breve sobre esta misma cuestión.

RESTITUCIÓN DE LAS PIEZAS

El abogado ha señalado como otro argumento que, según el recurso de casación, la nulidad no debió dar lugar a la restitución de las piezas al Monasterio de Sijena, algo que supone "desconocer que penden sobre el tesoro artístico del Monasterio de Sijena importantes servidumbres públicas de patrimonio cultural que obligan al juez, aunque incluso las partes no lo pidan, a ordenar incluso de oficio que esos bienes vuelvan al bien inmueble al que indivisiblemente pertenecen".

Al respecto, ha aclarado que, de lo contrario, "perviviría la misma ilegalidad que la declaración de nulidad trata de combatir, esto es, que un monumento nacional es indivisible y nadie puede vender su tesoro artístico como el que se vende los muebles de su casa, pues, esos bienes están sujetos a importantes servidumbres públicas en favor de toda la sociedad para que los pueda contemplar juntos e indivisos en su emplazamiento original, tal y como lo ordena la Ley de Patrimonio Cultural de Aragón".

En su opinión, la parte catalana pretende "es ignorar estas importantes servidumbres públicas de patrimonio cultural que obligan a todos los poderes públicos a preservarlas y restituirlas incluso de oficio".