Los españoles se "bajaron" 350 millones de películas en 2008, según el sector

La presidenta de la Academia de Cine, Ángeles González-Sinde, en la gala de los Goya, exhortaba a "pelear" contra las descargas ilegales, justo cuando se debate en Europa la regulación de la piratería, y la industria española negocia con las empresas de telecomunicaciones cómo frenar el tráfico de archivos sujetos a propiedad intelectual.

"La gente quiere ver cine", declaró a EFE Angeles González-Sinde. "Internet tiene ventajas frente a la televisión, está sustituyendo a lo que era el videoclub, y hay que enfrentarse a una reconversión industrial. Su uso exige una regulación, como cualquier otro canal de difusión o venta de productos".

Pero no es el usuario el que tiene que regularse, añade. La Administración y las operadoras "deben asumir la responsabilidad de ese tráfico de contenidos de música y cine. Algún sistema habrá para ver el uso que cada cliente da al ADSL, para contar las descargas culturales, y que los autores cobren por su trabajo".

Dos mil millones de canciones, 350 millones de películas y 50 millones de videojuegos se descargaron en España en 2008, según estima la consultora GFK en un informe encargado por la Coalición de Creadores e Industrias de Contenidos, que agrupa a sociedades de productores, distribuidores, autores y de propiedad intelectual.

Los datos de 2007 cifraban en 800 millones de euros las pérdidas del cine español a causa de la piratería. Las ventas en el "top manta" cayeron a 35 millones de copias y se advertía una cuota creciente de descargas por Internet, con ocho millones de usuarios que consumían cine.

La Coalición de Creadores mantiene contactos con las operadoras, con la mirada en la propuesta de Francia, que prevé la suspensión de la conexión a la Red del usuario, tras tres advertencias si se detectan descargas ilegales.

Hay que proteger la propiedad intelectual, sostiene Octavio Dapena desde Egeda, la entidad que gestiona los derechos de los productores audiovisuales.

Se ha excluido el pago de un canon por banda ancha como en Reino Unido -explica-, y se buscan soluciones para minimizar los daños, como en los países del entorno, con las particularidades legales de cada uno.

La pretensión de la Coalición, que no desvela detalles ni plazos, sería implantar medidas educativas y otras dirigidas al reincidente y a detectar web piratas.

Sí A LAS DESCARGAS LEGALES

El asunto levanta ampollas entre los usuarios, que cuestionan las cifras de piratería y el consecuente daño al cine español.

"Como mínimo -responde la presidenta de la Academia- el daño será el 15% de la cuota de mercado que tenemos, sin contar el "top manta". Con 350 millones de descargas, estaríamos hablando de 52,5 millones de entradas o DVD que hemos dejado de vender o alquilar".

Además, hace cinco años había 12.000 videoclubs y ahora son 3.000, y las ventas de DVD han caído al 50% en los tres últimos años. "Se pierden ingresos y empleo, sin que nadie proteste", asegura.

En el futuro, la principal vía de explotación del cine será a través de la Red, opina Pedro Pérez, Presidente de FAPAE, la Federación de Asociaciones de Productores Audiovisuales. "Lo que no puede ser es que sea gratuito algo que cuesta", por tanto, "sí a las descargas, pero a las descargas lícitas".

La piratería "es un cáncer que acabaría con la industria del cine en todo el mundo", dijo a EFE. Si un productor hace una película, y el retorno a la inversión no llega porque se cree que desde el momento que está en el aire es de dominio público, nadie hará la siguiente película, explica.

"Como ocurre en la televisión, alguien tiene que pagar", sostiene. En ese caso, la publicidad.

PAGAMOS Y SOMOS PIRATAS

Los internautas alegan que se desconoce la realidad de la banda ancha en España: "bajarse una película lleva una semana" y "ningún título español está en el 'Top' de descargas", asegura a EFE el presidente de la Asociación, Victor Domingo. Y resume sus quejas: "Pagamos el canon digital, el ADSL más caro y más lento de Europa, y nos llaman piratas".

La legislación española permite el intercambio de archivos en redes P2P, en este caso bajar películas, sin ánimo de lucro.

La industria defiende que son obras protegidas por derechos de autor, descargadas desde plataformas no autorizadas, y a las que se da un uso colectivo.

"Es una situación legal complicada -manifiesta González-Sinde-. Los canales de ADSL se han convertido en emisoras por las que circulan productos que tienen unos dueños y son perjudicados económicamente".

Las grandes operadoras, "para vender su ADSL, no han sido coercitivas con el pirata", subraya Pedro Pérez, y "llamo pirata, no al que desde su casa recibe la película, sino a quien desde un determinado servidor está poniendo en la Red algo que en definitiva no es suyo", afirma.

"Tiene que haber un cambio de legislación", agrega. "Los poderes públicos han de tomar conciencia de que no se puede mantener un ilícito".

El presidente de FAPAE considera "cínico" decir que el cine español es poco pirateado. El filme que tiene pocos espectadores tiene también pocas descargas, pero "toda película con cierto éxito, inmediatamente es copiada", y ¿quién va a ir luego a verla o a comprar el DVD?, argumenta.

Precisamente, las premiadas con los Goya reaparecían inmediatamente en los "top manta".

Y entre las múltiples copias de "Camino", de Javier Fesser, dos ejemplos contrapuestos: una era un "señuelo" de los que lanza la industria a la Red, que tras un tráiler introduce advertencias sobre el "robo" al cine. Otra, perfectamente grabada, con una sobreimpresión: "edición especial para los miembros de la Academia de las Ciencias y las Artes Cinematográficas". Circulan por muchas manos antes de llegar al destinatario.

En la era digital es muy fácil hacer copias, indica Gonzalez-Sinde. Y tiene que haber alternativas, ya hay tres páginas -Filmotech.com, Filmin.es y Yodecido.com- donde se puede comprar o alquilar películas de manera legal, desde uno a 4,95 euros.

Para Víctor Domingo, lo preocupante, y que abre una brecha con la industria, es que se acuse a Internet de la crisis de un sector que no ha evolucionado con las nuevas tecnologías y que se les mantenga ajenos al debate, "sin que el Gobierno nos siente a todos para ver el problema y las soluciones".

Y, advierte, si tienen como referencia la Ley de Sarkozy, "de los tres avisos", la defensa de unos derechos legítimos, "nadie lo duda", choca contra derechos fundamentales sobre la interceptación de las comunicaciones, la privacidad y la libertad de expresión.