La reforma laboral y el AENC han evitado la pérdida de hasta 1,5 millones de empleos desde 2012

En el estudio se destaca que las menores rigideces en el mercado de trabajo introducidas a partir de 2012 han tenido efectos "estadísticamente significativos y económicamente relevantes".

Así, BBVA Research resalta que las repercusiones de las reformas laborales en la producción y el empleo han sido positivas, pese a sus potenciales efectos deflacionistas, de tal modo que si se hubieran aplicado al principio de la crisis, se hubiera evitado una parte "significativa" de la caída del PIB y del empleo.

En concreto, en el informe se señala que si las exigencias salariales observadas durante 2010 y 2011 hubieran continuado entre 2012 y 2015 se habrían perdido 910.000 empleos adicionales en estos años y la tasa de paro sería 5,1 puntos superior a la actual. A largo plazo, precisa el servicio de estudios de la entidad, la destrucción añadida de empleo podría haber llegado hasta 1,5 millones de puestos de trabajo y la tasa de paro hubiera sido 6,3 puntos superior.

Si las demandas salariales se hubieran ajustado desde el principio de la crisis, en 2008, BBVA calcula que se habría evitado la destrucción de dos millones de empleos a largo plazo y la tasa de paro sería ahora ocho puntos inferior (12,9% frente al 20,9% con la que se cerró 2015).

Aunque la reforma laboral emprendida en 2012 ha facilitado la flexibilidad interna y salarial, BBVA Research reconoce que también ha contribuido, al menos en parte, la moderación de los salarios propiciada por el acuerdo de negociación colectiva 2012-2014 firmado entre CC.OO., UGT, CEOE y Cepyme. Eso sí, admite que es díficil cuantificar qué parte de la mayor flexibilidad salarial observada a partir de 2012 es consecuencia de este acuerdo.

INCENTIVAR EL EMPLEO INDEFINIDO.

El servicio de estudios de BBVA asegura en el informe que, aunque necesarias, las reformas laborales adoptadas a partir de 2012 no han logrado reparar todas las deficiencias del mercado de trabajo español y se precisan "nuevas actuaciones" ante los elevados niveles de paro y temporalidad.

Así, aboga por reformar el sistema de contratación para incentivar el empleo indefinido y reducir "drásticamente" la temporalidad; avanzar en la modernización de la negociación colectiva; financiar una reducción de cotizaciones sociales con un aumento de los impuestos indirectos; incrementar el presupuesto destinado a políticas activas de empleo; fortalecer los servicios públicos de empleo y estrechar su colaboración con el sector privado, y vincular las políticas activas con las pasivas.