La AIReF ve "manejable" el aumento del gasto en pensiones y pide que los ayuntamientos asuman más gasto social

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ha rechazado las previsiones que apuntan a la "ruina" en materia de pensiones, ya que el aumento del gasto es "absorbible y manejable", y ante el "déficit" de gasto social de España, ha abogado por una redefinición de las competencias entre comunidades autónomas y ayuntamientos, de forma que los últimos asuman mayor gasto social.

Así lo ha señalado el presidente de la Autoridad Fiscal, José Luis Escrivá, en su comparecencia ante la Comisión de Presupuestos del Congreso para informar sobre el proyecto de Presupuesto Generales del Estado (PGE) para 2018, en la que ha cifrado en siete décimas para el año 2023 el gasto adicional de indexar las pensiones al IPC, y en entre 1,2 y 1,3 puntos porcentuales del PIB adicionales lo que conllevaría la indexación para el año 2030.

Escrivá ha dicho que le preocupa "mucho" la sensación que se está trasladando a los pensionistas de que hay un problema "muy agudo" a medio plazo que mermará "sensiblemente" sus ingresos, ya que "no está sustentado por el análisis y la evaluación".

En esta línea, ha defendido que "no es verdad" que se vaya a producir la "ruina" en materia de pensiones, tal y como trasladan desde la "soberbia agnóstica" algunos análisis de distintos organismos a 40 años, ya que el aumento del gasto en pensiones es "absorbible y manejable".

De esta forma, ha cuestionado las previsiones pesimistas sobre las pensiones, ya que en otros análisis esas mismas instituciones presentan dificultades para hacer valoraciones para el próximo año, además de que muchos estudios sobre pensiones no incorporan las reformas paramétricas de 2011 que, según la AIReF, sí tendrán un efecto a medio plazo del efecto de sustitución.

Además, ha indicado que muchos de esos análisis se basan en previsiones demográficas del INE referidas a un decrecimiento, algo que a la AIReF le "choca" si se compara con el comportamiento de la población en otros momentos, a lo que se suma que las proyecciones pesimistas sobre pensiones contemplan una propensión al empobrecimiento ante el envejecimiento de la población y la falta de reemplazo con mayor participación de la mujer en el mercado laboral, políticas sobre natalidad o flujos migratorios.

EL IMPACTO DE INDEXAR PENSIONES AL IPC

Sin embargo, ha insistido, cuando se relajan esos supuestos se observa que el gasto en pensiones "tiende a subir algo y a tener cierta presión", pero es "absorbible y manejable", por lo que ha enfatizado que "no hay derecho" a transmitir esa "soberbia agnóstica" que apunta a la "ruina" el sistema de pensiones.

"El tema está abierto y dependerá de cosas como el flujo migratorio o la tasa de natalidad", ha explicado Escrivá, quien considera que si España alcanza la tasa de actividad que hay hoy en Alemania, se corregirá una "parte significativa" del problema.

"Va a haber presión sobre el gasto en pensiones y sanidad, pero cuando uno mira incertidumbres y márgenes esto es razonable y manejable para no crear angustia innecesaria", ha zanjado.

PIDE REDEFINIR COMPETENCIAS ANTE UN "DÉFICIT" EN GASTO SOCIAL

En todo caso, ha advertido de que hay "cierta presión" en el gasto social por el envejecimiento y una tendencia al crecimiento del gasto sanitario inercial, a niveles del 6% en los próximos años o incluso el 7%, pero no en Educación, ya que la demografía apunta a la "dirección contraria", a falta de un boom migratorio.

El presidente de la AIReF ha reconocido que en España hay un déficit "evidente" en gasto social en materia de dependencia o pensiones, ya que hay una "gran tensión" en ese componente del gasto, y ha advertido de que habrá presión sobre el gasto social por el envejecimiento.

Por ello, ha recordado que en otros países, gastos como la dependencia, la asistencia social o el esquema de renta mínima es asumido por los ayuntamientos, ya que se trata de un gasto "muy de proximidad". "No me gusta el modelo por el que (los ayuntamientos) hacen el proceso pero no tienen las restricciones presupuestarias que tienen las comunidades autónomas", ha criticado Escrivá, quien ha abogado por una redefinición de las competencias o el establecimiento de convenios entre las distintas administraciones.

A este respecto, ha recordado que el gasto de los ayuntamientos en 2017 creció un 1%, cuando la regla de gasto les permitía crecer al 2,1%, y es que la mayoría de corporaciones locales no se han visto restringidas por la regla de gasto.