La AN admite los recursos de las fotovoltaicas contra el recorte de primas

La Audiencia Nacional ha admitido a trámite los primeros recursos presentados por inversores fotovoltaicos contra el recorte de las primas a los productores de esta energía, aprobado en junio de 2010 por el Real Decreto Ley 14/2010, según informa Brenes Abogados en un comunicado.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional admitió el pasado 27 de junio de 2011 los primeros recursos de los cerca de 300 presentados por este bufete, todos ellos bajo la misma argumentación legal.

Los recurrentes alegan que muchas de las instalaciones fotovoltaicas, cuyo derecho a la tarifa regulada se suspendió cautelarmente, están en perfecta disposición de acreditar que cumplen con todos los requisitos para la aplicación de las primas establecidas en el Real Decreto 661/2007.

En este sentido, los propietarios de plantas fotovoltaicas consideran injusto la suspensión cautelar de las primas hasta demostrar que disponen y tienen instalados todos los equipos esenciales para la producción de energía antes de octubre de 2008, aprobada en el Real Decreto 1003/2010.

El Consejo de Ministros aprobó este real decreto para perseguir el fraude fotovoltaico y por el que se investiga si cerca de 800 megavatios (MW) sospechosos de estar en condiciones irregulares -cerca de una cuarta parte de los 3.300 MW inscritos- merecen seguir recibiendo prima.

Al respecto, Brenes Abogados considera que la Comisión Nacional de la Energía (CNE), en un elevado número de casos, ha analizado "erróneamente" la documentación presentada por los responsables de plantas fotovoltaicas y pide aportar elementos de prueba adicionales y complementarios para demostrar en cumplimiento de lo dispuesto en la normativa.

En lo que va de año, la CNE ha suspendido cautelarmente el pago de la prima regulada a más de 1.900 instalaciones fotovoltaicas, por incumplimiento de lo dispuesto en el R.D. 1003/2010.

"Gran parte de estas suspensiones es consecuencia directa de la superficialidad que ha caracterizado el análisis realizado por la CNE de la documentación que las más de 8000 instalaciones requeridas aportaron en octubre de 2010", concluye el bufete.