Adicae cree que el TS beneficia a la banca al impedir la devolución de los suelos anteriores a mayo de 2013

"El Alto Tribunal vuelve a primar la defensa de los intereses de la banca, como ya hiciera en 2013, al negar la aplicación del artículo 1.303 del Código Civil, que indica que 'declarada la nulidad de una obligación, los contratantes deben restituirse recíprocamente las cosas que hubiesen sido materia del contrato, con sus frutos, y el precio con los intereses'", señala.

Sin embargo, la asociación ha precisado que la sentencia del Supremo aún no ha sido redactada, por lo que es necesario esperar al análisis del contenido concreto, "del que pudiera derivarse que los efectos de la limitación anunciada se vean limitados".

En este sentido, Adicae pone como ejemplo la limitación de la restitución en las "cláusulas suelo declaradas nulas por falta de transparencia", pero no se dice nada respecto de aquellas que se declaren nulas por la abusividad definida en los artículos 82 y 87 de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios.

"SALVAR A LA BANCA"

A este respecto, el presidente de Adicae, Manuel Pardos, entiende que el Tribunal Supremo "ha querido salvar a la banca y no ha querido hacer Justicia realmente". "Debería condenarse a la banca a devolver todo el dinero cobrado de más", ha opinado.

En cualquier caso, tras haber obtenido algunas sentencias en las que se decreta la devolución de lo indebidamente pagado, la asociación continuará reclamando en sus demandas la recuperación de cantidades.

Por otra parte, Adicae ha recordado que los días 15, 16 y 17 de abril se celebrará en el Juzgado de lo Mercantil 11 de Madrid la vista de medidas cautelares sobre la macrodemanda colectiva respecto a las cláusulas suelo, en la que se decidirá si se dejan sin efecto las cláusulas de los contratos hipotecarios de alrededor de 15.000 familias que han demandado a 101 entidades de crédito.

Finalmente, Adicae ha pedido al Gobierno que la prohibición de estas cláusulas se extienda al conjunto de los hipotecados, y no solo a aquellas familias encuadradas en colectivos vulnerables que puedan acogerse al Código de Buenas Prácticas, tal y como está previsto que apruebe mañana el Consejo de Ministros.