La Administración Central del Estado debe 40 millones de euros a empresas de formación

La Asociación Nacional de Centros con Certificados de Profesionalidad (Anccp) ha alertado este martes de que el Servicio de Empleo mantiene paralizados 40 millones de euros a empresas de formación que se aprobaron en la resolución de 21 de agosto de 2015 en convocatoria para la concesión de subvenciones públicas para la ejecución de un programa específico de ámbito estatal de mejora de la permeabilidad, la cualificación y la inserción profesional de jóvenes menores de 30 años.

La Anccp, en declaraciones a Europa Press, quiere trasladar a la opinión pública la crítica situación que están viviendo los centros de formación "debido a la mala gestión por parte del Servicio Público de Empleo Estatal de los Planes de Formación que anualmente convoca".

Para ello miembros de la Anccp y del sector "están dispuestos a llegar hasta el final con la verdad". Sostienen que la Administración Central, en un país con una tasa muy alta de paro juvenil, "incumple con los empresarios dedicados a la formación".

"Pero más sangrante aún es conocer que no se han liquidado aún los planes correspondientes a 2012 y 2014. Sin embargo, según normativa reguladora los fondos derivados de estos planes se pagan a razón de un 50% al inicio, un 25% más cuando los planes se hayan ejecutado al 50% en horas y alumnos, y el 25% restante con la ejecución del 100% de los cursos", añaden desde la asociación.

Detrás de este incumplimiento, señalan desde la Asociación Nacional de Centros con Certificados de Profesionalidad, "hay unos 8.000 afectados directos, en su mayoría pequeñas empresas familiares, que han trabajado duramente para mantenerlas a flote en estos tiempos tan difíciles, a quienes la Administración pública les pide que se hagan cargo de los colectivos con mayores dificultades de reinserción o inserción de acuerdo a unos requisitos leoninos que incumplen constantemente".

"Todo ello demuestra por parte de los dirigentes políticos no solo una absoluta falta de criterio, sino de respeto a las empresas y los trabajadores (personal, profesores y proveedores), pues supone, además, la vulneración de un derecho de los centros de formación que afecta de una manera grave a su liquidez y a su capacidad de hacer frente a las obligaciones derivadas de su actividad", concluyen.