Alrededor de 430 familias desahuciadas solicitan un alquiler de hasta 400 euros del fondo social

El fondo social, creado para dar una salida a aquellas familias desahuciadas tras un proceso de ejecución desde el 1 de enero de 2008, facilita contratos de alquiler de una duración de dos años prorrogable uno más.

"Es una primera cifra que irá aumentando en los próximos meses a medida que vaya siendo mayor el conocimiento del público", han explicado desde el departamento dirigido por Luis de Guindos sobre el saldo de este primer plazo.

En este sentido, las fuentes han subrayado que es "importante" la colaboración de todos los sectores implicados, sobre todo, de los ayuntamientos. El Gobierno impulsó el fondo social a través de un convenio suscrito por los Ministerios de Economía, Fomento y Sanidad, por la Federación de Municipios y Provincias (FEMP), por la Plataforma del Tercer Sector y por 33 entidades financieras.

Desde Economía han señalado que el objetivo pasa por que las cerca de 6.000 viviendas en disposición de ser alquiladas se ocupen y así se logre paliar el problema de los desahucios. "Durante todo el proceso se va a ser flexible respecto de los requisitos y plazos para incorporar a todas las personas y familias que deban ser protegidas", han explicado.

El próximo 15 de mayo termina el plazo de celebración de contratos relativos a las viviendas que durante este primer periodo hayan sido adjudicadas.

El plazo de presentación de solicitudes está abierto de manera continua y cada mes y medio se valoran las solicitudes presentadas. Está previsto que, al menos, se puedan presentar solicitudes durante dos años desde la creación del fondo el pasado 17 de enero.

El procedimiento de solicitud de una alquiler de una de estas viviendas, que se prolongará durante un máximo de mes y medio, se inicia cuando la persona desahuciada acude a la entidad de crédito que ejecutó su hipoteca y presenta un formato de solicitud en el que declara y acredita que cumple los requisitos socioeconómicos.

Tras la valoración preliminar de la entidad de que se cumplen dichos requerimientos, ésta informa al Ayuntamiento correspondiente para que sus servicios sociales estudien la solicitud. Finalmente, se procede a la adjudicación de la vivienda y a la firma del contrato de arrendamiento.