(Amp) Accionistas piden que banco y la treintena de imputados paguen una fianza civil de 4.112 millones

Accionistas afectados por la fusión y salida a Bolsa de Bankia han reclamado al juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu que imponga una fianza civil solidaria de 4.112 millones de euros a la treintena de antiguos miembros del consejo de administración, al propio grupo bancario y a su matriz, el Banco Financiero y de Ahorros (BFA), imputados en la causa, según informaron a Europa Press fuentes presentes en la declaración.

Así lo han reclamado en una vista en la que las partes han sido convocadas por el juez instructor para estudiar la petición de varios particulares de fijar fianzas solidarias que sirvan para cubrir las posibles responsabilidades pecuniarias que puedan derivarse del procedimiento.

En la vista, que se ha celebrado a puerta cerrada durante más de cuatro horas, la Fiscalía Anticorrupción y el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) se han opuesto a la petición de los más de 2.000 perjudicados, quienes han invocado al perjuicio de 3.092 millones que supuso la salida al parqué el 20 de junio de 2011, más el tercio adicional previsto en el artículo 589 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

La Fiscalía Anticorrupción y el FROB se han opuesto a la fijación de esta medida al pensar que podría afectar al precio del título y perjudicar aún más a los inversores. Han argumentado que existen informes alternativos, entre ellos uno elaborado por el propio Banco de España, sobre la contabilidad de la entidad presidida por José Ignacio Goirigolzarri y que el momento adecuado sería, en su caso, al término de la instrucción.

PETICIÓN MULTIMILLONARIA

Al menos cinco acusaciones particulares se han adherido a la petición multimillonaria de UPyD --que fue rechazada por el juez por su condición de acusación popular-- y de forma subsidiaria cada una de ellos ha reclamado la cuantía en la que consideran que sus clientes son perjudicados. Los doce letrados representantes de los pequeños inversores han exigido fianzas que suman los 34,1 millones de euros, aunque alguno no ha cifrado el daño exacto.

A su entender, existen indicios de delito teniendo en cuenta las conclusiones del informe de los peritos cedidos por el Banco de España que acusaban al expresidente Rodrigo Rato de 'maquillar' sus cuentas para salir a Bolsa o el auto de Andreu que sí señalaba fianzas en la pieza sobre las 'tarjetas black'. Han advertido además de que el transcurso del tiempo puede incrementar el perjuicio y que hay otros afectados todavía no personados en el procedimiento.

El colectivo '15MpaRato' ha afirmado que considera que la fianza, que no ha cuantificado, debe fijarse sobre las personas físicas --los consejeros imputados-- y no sobre las personas jurídicas --Bankia y BFA-, al tiempo que ha hecho un llamamiento para que las personas perjudicadas que no están personadas reclamen el daño sufrido.

ATAQUES A LA PERICIAL

La Fiscalía Anticorrupción ha mostrado su rechazo a la fianza civil, argumentando que no se pueden establecer cantidades "futuribles" contemplando a particulares que todavía no se han personado y que, aunque existen indicios de criminalidad, también hay incertidumbres en el informe pericial incorporado a la causa porque obran dictámenes alternativos. "La contabilidad no es una ciencia y lo prudente para adoptar esta medida sería al término de la instrucción", ha dicho el fiscal Alejandro Luzón.

El Ministerio Público ha diferenciado el 'caso Bankia' de la pieza separada sobre las tarjetas opacas al fisco donde no están acusadas personas jurídicas y el daño puede ser cuantificado con mayor facilidad. "La indemnización está más garantizada si no se presenta fianza, que si se hace", ha añadido, alegando que esta medida puede perjudicar aún más a los inversores.

Por su parte, el FROB --principal accionista-- ha planteado la necesidad de preguntar al Banco de España, que ha elaborado un segundo informe tras el presentado por los peritos Antonio Busquets y Victor Sánchez Nogueras, que defendían que la información facilitada para la emisión de los títulos no reflejaba la realidad contable.

El FROB considera que Bankia contaba con una provisión de fondos o colchón suficiente que hubiera servido para cubrir los ajustes que reclamaban los expertos designados por el juez para analizar la salida a Bolsa. Además, ha expuesto que también es víctima al representar a la ciudadanía y no se puede lanzar un mensaje de duda sobre las entidades.

De su lado, Bankia ha aportado a lo largo de la vista una contrapericial elaborada por el catedrático de Economía Aplicada Leandro Cañibano, en la que argumenta que había una provisión de fondos que alcanzaba los 2.768 millones de euros y que era suficiente como para cubrir los ajustes que planteaban los dos peritos judiciales.

La pericial aportada por Bankia desmonta la elaborada por los técnicos cedidos por el Banco de España, cuestiona que ambos fueran expertos en salidas a Bolsa y sostiene que no era un informe pericial en sentido estricto. Para el BFA, esos peritos estuvieron aislados en una "burbuja" y no tuvieron en cuenta aspectos macroeconómicos o la evolución de otras entidades, por lo que su estudio adolecía de "incoherencias, inconsistencias" y un "sesgo retrospectivo".

Por su parte, las defensas han calificado la medida como "extravagante" y han asegurado que provocará "perplejidad" en el mercado, al tiempo que han puesto en duda la legitimidad de los perjudicados porque muchos no han acreditado su actual propiedad de acciones, sino que únicamente las tenían en el momento de salida a Bolsa. Además, han atacado el informe de los peritos designados para informar al juez sobre esos hechos y han dicho que han estado "mediatizados por la opinión pública".

Entre ellos, la defensa del expresidente Rodrigo Rato y del consejero de Caja Madrid José Manuel Fernández Norniella ha mostrado su rechazo a la fianza alegando que no se puede pedir con carácter general, los dos peritos citados hicieron un somero análisis y todavía no se ha cerrado la instrucción de la causa.

Fue en julio de 2012, cuando el juez Andreu imputó al exvicepresidente del Gobierno y expresidente de Bankia Rodrigo Rato, a una treintena de antiguos miembros del Consejo de Administración , así como Bankia y BFA en calidad de personas jurídicas, por indicios de delitos de falsificación de cuentas, administración desleal, maquinación para alterar el precio de las cosas y apropiación indebida.