(Amp2) La JUR establecerá en un nuevo informe sobre Popular si se debe resarcir a accionistas

La presidenta de la Junta Única de Resolución, Elke König, ha afirmado que el organismo publicará a principios de 2018 un tercer informe sobre la resolución de Popular, realizado a posteriori, que determinará si es necesario compensar a los accionistas afectados.

Si este informe determina que los accionistas y acreedores del banco --que vieron reducidos a cero sus títulos en la entidad resuelta-- quedaron en peor situación tras la resolución de la que hubieran quedado en el caso de que Popular hubiera entrado en concurso --"pero no creo que sea así", ha dicho--, la JUR estaría obligada a compensarles la diferencia.

Así lo ha señalado la máxima responsable de la JUR durante su comparecencia en la comisión que investiga en el Congreso la crisis financiera, el rescate bancario y la quiebra de las cajas de ahorro, en la que este lunes ha intervenido previamente el ex director general del Banco de España Aristóbulo de Juan y en la que participará esta tarde el exsubgobernador del Banco de España, Francisco Javier Arístegui.

Más tarde, durante su turno de réplica, König ha explicado que este tercer informe también lo está realizando Deloitte y ha añadido que "posiblemente esté listo en febrero". "Luego veremos qué partes de este informe pueden hacerse públicas", ha añadido.

"Espero que esto no ocurra, pero si por alguna razón se llega a la conclusión de que algún accionista podía haber tenido una situación mejor en un proceso de insolvencia concursal, en ese caso el fondo del Mecanismo Único de Resolución (MUR) deberá compensar esta pérdida", ha explicado. "Tenemos que garantizar que su posición no sea peor en este procedimiento de resolución", ha añadido.

"La resolución es intrusiva e, inevitablemente, genera acciones legales", ha apuntado König, que ha lamentado el "festín" en que se ha convertido la resolución de Popular para los abogados que recurren las acciones legales de la Unión Europea y de las autoridades nacionales involucradas en la decisión. Según ha explicado, corresponde a los tribunales europeos y españoles resolver sobre estas acciones legales.

Por otra parte, durante su comparecencia König se ha referido al informe de valoración de Popular que realizó Deloitte, cuyo acceso la JUR ha negado en dos ocasiones a esta comisión, si bien fuentes de la misma informaron a Europa Press que ha optado por recurrir ante el Panel de Recurso de la Junta Única de Resolución (JUR). Este organismo falló hace unos días facilitar el acceso a parte del informe a inversores afectados, como la familia Luksic --a través de Aeris Invest--, la Mutualidad de la Abogacía Española, la Hermandad Nacional de Arquitectos Superiores y Químicos y otras entidades--.

PRIMER INFORME CON ASPECTOS ADICIONALES

La presidenta de la JUR ha reiterado que el organismo está valorando las decisiones del Panel de Recurso y tiene la intención de publicar este primer informe, sin las partes confidenciales, antes de final de este año en su página web, así como algunos "aspectos adicionales".

König ha explicado que la demora en la publicación de este informe se debe a que, antes de hacerlo, es necesario consultar a los demás intermediarios, entre los que se incluye Santander, que adquirió la entidad el pasado 7 de junio por el precio simbólico de un euro.

En todo caso, la responsable de la JUR ha aclarado que la valoración de la entidad es diferente al precio de compra, que se establece por parte del comprador en base a un proceso de venta competitivo.

En su opinión, la "transparencia" es "crucial", pero es necesario establecer una "proporcionalidad". "Dentro del esquema de resolución y en cuanto al informe de valoración hay una parte confidencial", cuya publicación "perjudicaría" a la estabilidad de la entidad y a Santander, ha señalado König.

En cuanto a la contratación de Deloitte para la elaboración de los informes de valoración de Popular, König ha explicado que se abrió un concurso porque así lo prevé la normativa y se buscó que se hiciera "con agilidad". "No teníamos seis meses para contratar un experto", ha dicho. La máxima representante de la JUR ha admitido que había casos en los que contratar a un auditor implicaba un conflicto de intereses, por lo que "no es tan fácil encontrar un experto".