(Ampl.) El expresidente de la CNMV defiende que no tenía competencias para prohibir vender preferentes

El presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) entre mayo de 2007 y octubre de 2012, Julio Segura, ha defendido este lunes que el organismo actuó en todo momento "ateniéndose a la legalidad vigente" y que no tenía competencias para prohibir a las entidades financieras vender emisiones preferentes.

Lo ha dicho en la comisión del Parlament que investiga las posibles responsabilidades derivadas de la actuación y la gestión de las entidades financieras y la posible vulneración de los derechos de los consumidores, a la que estaban convocados 12 representantes o exrepresentantes de la administración estatal, aunque solo se ha presentado Segura.

"La CNMV no tenía ni tiene competencias para evitar la aplicación del principio de emisión y la normativa no permite prohibir la venta de productos complejos a minoristas, aunque sean claramente no convenientes", ha insistido Segura, que también ha reiterado que el organismo tampoco puede obligar a las entidades financieras a restituir el daño provocado a los clientes por la pérdida de valor de este tipo de productos.

Ante las manifestaciones de varios diputados sobre la falta de diligencia del organismo para evitar engaños a pequeños inversores, Segura ha insistido en que la CNMV "no podía hacer nada más que lo que hizo sin que fuera un disparate", y ha argumentado que haber manifestado públicamente que no se debían comprar preferentes hubiera supuesto un delito.

"Sería ilegal. Entonces sí que estaría imputado con razón en la Audiencia Nacional por prevaricación", ha manifestado, y ha afirmado que el problema no fue que las participaciones preferentes fueran un producto más o menos arriesgado, sino que se hizo una comercialización inadecuada y muchos clientes las compraron sin conocer los riesgos.

Ha señalado que bajo su presidencia la CNMV implantó la exigencia de que los clientes minoristas firmaran una autorización acreditando que había sido informado, aunque ha admitido que la mayoría de reclamaciones que recibió argumentaban que las recomendaciones verbales de los comerciales de banca eran contradictorias con el documento, que en algunos casos estaban firmados con una 'X' o una huella dactilar, lo que evidencia que no podían leerlo.

Ha defendido que ante estos casos la CNMV no puede actuar porque son casos de "palabra contra palabra", lo que ha señalado que debe decidir un juez.

Ha constatado que la CNMV recibió el mayor grueso de reclamaciones por preferentes entre 2011 y 2012 y que dio la razón a más del 60%, lo que puede ayudar al consumidor en caso de optar por la vía judicial; mientras que en el 20% la dio a la entidad financiera y en el resto de casos no se pronunció, y ha añadido que solo en el 5% de los casos en los que se dio la razón al reclamante, el emisor lo aceptó y restituyó el daño al cliente.

SUGERENCIAS PARA MEJORAR

Ha resaltado que la CNMV recordó "en más de una ocasión" a las entidades financieras las condiciones de comercialización de las preferentes, y ha admitido que se ha puesto de manifiesto que la legislación es mejorable.

"Se ha demostrado que la legislación es insuficiente e inadecuada y se ha demostrado que la CNMV no tiene los instrumentos necesarios para anticipar estos problemas", ha considerado, y ha argumentado que el organismo no podía tener un inspector en cada una de las 24.000 sucursales bancarias que emitían preferentes para evitar mala praxis.

Ha apuntado a que, como solución para evitar en el futuro un caso como este, la legislación debería prohibir que la entidad emisora --y el grupo al que pertenece-- de las participaciones preferentes fuera la misma que las comercializan, y que los comerciales de banca no fueran los mismos que asesoran al cliente.