(Ampli.) Los astilleros dicen que la devolución anunciada por Almunia supondrá el fin del sector en España

El anuncio realizado por el comisario de Competencia, Joaquín Almunia, acerca del dictamen previsto para el 17 de julio para la devolución de las bonificaciones disfrutadas por el sector naval a través de los 'tax lease' supondrá el fin de los astilleros privados en España, anunció en rueda de prensa la consejera delegada de la asociación de los astilleros privados (Pymar), Almudena López del Pozo.

López del Pozo advirtió de que el anuncio de Almunia de que solo pagarán navieras (la mayoría, extranjeras) y financiadores (españoles casi todos) es "una falacia", ya que las cláusulas de los contratos trasladan la responsabilidad de los cambios regulatorios a los astilleros, y pronosticó "10.000 pleitos", recursos ante el TUE y la pérdida de 87.000 empleos como consecuencia de la decisión.

"Al día siguiente habrá 10.000 pleitos y, sobre todo, un bloqueo financiero y de la llegada de clientes a los astilleros. Es evidentemente el final del sector", afirmó la consejera delegada de Pymar en la rueda de prensa, celebrada en el hotel Ritz, donde poco antes había realizado Almunia su anuncio sobre los 'tax lease'.

La devolución afectará al 95% de los 3.000 millones recibidos a través de los 'tax lease' y tendrá, a juicio de Pymar, el efecto añadido de que hará perder 40 nuevos contratos de barcos con una facturación de más de 2.000 millones. "Desde noviembre de 2012 no ha salido ninguna operación. Ahora, ningún armador construirá en España ni ningún financiador apostará por el país", afirmó.

López del Pozo no solo pronosticó "el fin de la industria española, sino también de la europea", ya que el expediente abierto a España por los 'tax lease' es fruto de las denuncias "sistemáticas" de Holanda y puede dar origen a una cadena de denuncias intracomunitarias, mientras los astilleros asiáticos, que reciben ayudas, se benefician de la situación.

Pymar realiza estas consideraciones después de haber celebrado esta mañana un encuentro con Almunia al que acudieron representantes del Ministerio de Industria y en el que se les mostró el borrador de la decisión que previsiblemente adopte el Ejecutivo comunitario en julio.

"ERROR SUBSANABLE".

Para Pymar, existe un "error técnico jurídico subsanable" en el borrador que podría salvar al sector, consistente en que durante el periodo de vigencia del 'tax lease', de 2001 a 2011, se generó un entorno de seguridad jurídica auspiciado por las propias autorizaciones del Gobierno para aplicar la bonificaciones.

En 2005, la Comisión censuró las ayudas recibidas en Francia sin obligar a devolverlas, y es a partir de ese momento cuando se generó a juicio de Bruselas una jurisprudencia suficiente para invalidar las bonificaciones españolas y obligar a navieras e inversores a devolver retroactivamente el dinero.

López del Pozo pidió al menos "el mismo trato que con Francia", donde no hubo que devolver la ayuda por una inacción comunitaria de seis años, y se mostró convencida de que España tiene incluso en este caso, en el que la inacción es de diez años, "más argumentos" que el país vecino. Pymar dice que ganaría los eventuales juicios ante el Tribunal de Luxemburgo, aunque cuando lo haga será "demasiado tarde".

Los astilleros consideran que Almunia "no tiene voluntad política" para resolver la cuestión, lo que contrasta con los esfuerzos realizados por el Gobierno español, cuyo ministro de Industria, José Manuel Soria, ha viajada ocho veces a Bruselas para tratar de arreglar el asunto

LISTA "ENORME" DE INVERSORES.

Por su parte, el presidente de Pymar, Álvaro Platero, dijo "no tener la mínima duda de que esto es el fin de los astilleros", donde el 90% de la actividad se realiza para navieras extranjeras. La lista de inversores y navieras que tendría que devolver el dinero es "enorme", ya que habría que multiplicar los 270 barcos construidos por cerca de seis partícipes.

Platero aprovechó para pedir "unidad a los partidos políticos para que hagan un frente común" en este asunto, y dijo tener "constancia" de que el Gobierno está "volcado" en la resolución de este asunto.