Andalucía rechaza que el Gobierno condicione la recuperación de la jornada de 35 horas a los objetivos de estabilidad

A preguntas de los periodistas en Granada, la consejera ha dicho que el Gobierno andaluz no comparte que "para que al final se pueda negociar la jornada laboral sea el Gobierno el que tiene que certificar el cumplimiento de esos acuerdos", que incluyen --según ha incidido-- la regla de gasto, donde la Junta tiene "una discrepancia profunda" con el Ejecutivo central respecto a la forma en que la calcula.

"Por otra parte, con un compromiso de Rajoy que no ha cumplido de cambiar su metodología; hasta que eso no se produzca probablemente no dé el Gobierno de España el visto bueno para que se pueda comenzar, en nuestro caso no las negociaciones porque estaba negociado, sino la vuelta al decreto anterior, previo a la ley que aprobó el Parlamento andaluz, previa a tener que buscar esta solución transitoria", ha narrado la consejera.

Concretamente, el acuerdo entre el Gobierno central y los sindicatos recoge que se podrá recuperar la jornada de 35 horas semanales (18 horas lectivas en la Educación) en aquellas administraciones que cumplan los objetivos de estabilidad fijados por Hacienda.

Una vez que se formalice, cada administración pública podrá establecer a través de la negociación colectiva esta jornada, eso sí, siempre y cuando en el ejercicio presupuestario anterior se hubieran cumplido los objetivos en materia de estabilidad presupuestaria.

La titular de Hacienda y Administración Pública ha hecho hincapié en que Andalucía "ha marcado una senda" que ha sido "seguida por el Gobierno de España y las organizaciones sindicales" respecto a la recuperación de derechos en materia de jornada y sin la cual "no sería posible" que esto pudiera trasladarse al resto del país y al conjunto de las administraciones públicas.

El acuerdo alcanzado el viernes entre el Ministerio de Hacienda y Función Pública y los principales sindicatos del área pública (CSIF, CC.OO. y UGT) contempla, entre otras mejoras laborales, un incremento retributivo para los empleados públicos de entre el 6,1 y hasta el 8,79 por ciento (en el mejor de los escenarios) durante el trienio 2018-2020.