Andalucía incoará expedientes sancionadores a 19 entidades que han cometido infracciones con preferentes

En este sentido, ya en rueda de prensa en Huelva ha recordado que los servicios de consumo han recibido 348 reclamaciones contra 19 entidades financieras de las que dos de ellas acaparan el 85 por ciento de las denuncias.

"Tras llevar a cabo la sistematización de la documentación, la primera acción será incoar expedientes sancionadores por aquellas infracciones que se han adoptado en relación a las participaciones preferentes", ha subrayado.

Asimismo, ha señalado la colaboración que mantienen con la Fiscalía General de Andalucía en el proceso penal abierto en cuanto a las cláusulas "abusivas" y el posible delito que se podría haber cometido con la venta de estos productos financieros.

De igual manera, los servicios jurídicos están estudiando la presentación de un recurso civil para lograr indemnizaciones por daños y perjuicios en los casos en que corresponda y la declaración de nulidad de los contratos por vicio de consentimiento.

De este modo se pretende "dar respuesta a las cerca de 60.000 personas que han sido engañadas y hasta posiblemente estafadas por la comercialización de estos productos", un asunto en el que "creemos que la Junta tienen debe estar con los afectados".

Muñoz apuntaba a Europa Press que la banca es un sector donde la autoridad de consumo "habitualmente no ha entrado" al contar con organismos específicos, como el Banco de España o la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), si bien con la llegada de la crisis y "la necesidad de contar con liquidez" han aparecido productos que "aunque no eran nuevos no se comercializaban a los niveles que ahora se ha hecho".

"Se ha producido una situación de vulneración de todas las líneas rojas que la banca debía mantener y hay miles de afectados por las participaciones preferentes", ha subrayado.

LA CIUDADANÍA, "LA CLAVE"

La secretaria general de Consumo de la Consejería de Administración Local y Relaciones Institucionales, Dolores Muñoz, ha asegurado este lunes que en esta legislatura "la Junta apuesta por la ciudadanía como la clave para una mayor y mejor defensa de sus derechos e intereses como consumidores y usuarios". En este sentido, ha matizado que "apostar por el consumo y las garantías y derechos de las personas consumidoras y usuarias es apostar por toda la ciudadanía andaluza".

La secretaria de Consumo ha iniciado en Huelva una ronda por las ocho provincias para informar de las principales actuaciones que está desarrollando su Departamento en el marco del I Pacto Andaluz por la Garantía de los Derechos de las Personas Consumidoras y usuarias, refrendado en enero de este año por las tres asociaciones de consumidores más representativas de Andalucía --Facua, UCE, Al-Andalus--. Muñoz ha aprovechado su visita institucional a Huelva para reunirse con representantes provinciales de la CEA y de las tres organizaciones de consumidores.

Ha explicado que el trabajo, en esta legislatura y en el marco del citado pacto, se va a desarrollar basándose en tres pilares fundamentales: transversalidad, coordinación y participación. "No entendemos nuestro trabajo sin estos tres elementos que nos obligan a pensar bien, priorizar mejor y rentabilizar las acciones que realizan las distintas administraciones en esta materia", ha asegurado.

Los principales retos son profundizar en el trabajo con todos los sectores implicados, priorizar participativamente y generar complicidad para que la sociedad se adhiera de una manera responsable en la búsqueda de las soluciones ya que, en caso contrario y más en estos momentos, es difícil seguir avanzando en derechos de los consumidores. Ha recordado que no sólo se trata de avanzar sino que la ciudadanía sepa ejercer sus derechos, otro de los retos de la Junta en consumo.

Igualmente, se pretende reforzar la labor de inspección y el control de los mercados ya que "es muy importante vigilar para que los ciudadanos se sientan seguros y perciban que el Gobierno andaluz está cerca de ellos", así como potenciar la interlocución con las agentes sociales y económicos, en especial con los órganos de representación de consumo en todos los niveles, y aumentar la coordinación institucional.

Muñoz se ha referido también a la crisis económica que "está situando a la ciudadanía en una posición de especial vulnerabilidad ante una economía global y compleja" que la debilita cada vez más.

Ante este escenario, es el momento de contar con "administraciones fuertes y decididas" para "trabajar con ahínco" en favor de las personas que más lo necesitan. Para ello, la Junta apuesta por una mayor implicación de todos los sectores y organizaciones de consumidores, así como de los empresarios en aras a "homogeneizar y reforzar las actuaciones locales y autonómicas, optimizando los recursos".

DATOS

La secretaria General de Consumo ha resaltado el trabajo que realizan los servicios provinciales de consumo con la colaboración de los servicios municipales y de las asociaciones de consumidores. Entre otros datos, ha informado que durante este año el servicio de la Junta en Huelva ha recibido 825 reclamaciones y ha realizado 30 campañas de inspección.

Muñoz ha destacado también la cooperación con los ayuntamientos a través de los puntos de información y atención a la ciudadanía (OMICs), que han contando con el respaldo económico de la Junta a través de subvenciones por importe de 86.712 euros. Igualmente, ha resaltado la cooperación con las organizaciones de consumidores provinciales y que se ha plasmado en la realización de 37 proyectos con Al Andalus, 75 con Facua y 79 con UCA, subvencionados con casi 54.000 euros. Este importe permitirá la puesta en marcha de 191 talleres formativos en los 79 municipios de la provincia onubense, lo que supone un mínimo de 2 talleres por municipio.

Por último, ha destacado la "colaboración eficaz" que está llevando a cabo el servicio de la Junta en Huelva con la Policía Local de algunos municipios para detectar productos incluidos en la red de alerta, cooperando asimismo en tareas de inspección y control. El objetivo es consolidar estas prácticas "positivas y eficientes" fruto de una "política descentralizada y concertada", que debe revisarse y mejorarse en todo lo posible para asegurar las garantías y derechos de las personas consumidoras y usuarias.