Aprobada la ley autonómica que abre Caja Madrid a la privatización parcial

El texto es una adaptación del Real Decreto-Ley de órganos de gobierno y otros aspectos del régimen jurídico de las Cajas de Ahorro que aprobó el Gobierno de la nación hace seis meses.

El consejero madrileño de Economía y Hacienda, Antonio Beteta, ha afirmado que la ley autonómica pretende la "despolitización absoluta de la gestión financiera" y la "libertad de actuación en el mercado".

También ha destacado que "potencia" la Obra Social, bien en su forma actual o en la de las nuevas estructuras que puedan crearse (fundaciones de carácter especial) y que quedarán bajo "protectorado" de la Comunidad de Madrid.

Los socialistas no la han apoyado porque el PP no ha aceptado ninguna de sus cinco enmiendas, dirigidas a aumentar la representatividad de los sindicatos, matizar la de las universidades en función del número de alumnos y a que el Parlamento regional -y no el consejero de Economía- eligiese al 51% de los consejeros generales que representan a las entidades sociales.

Por su parte, IU se ha abstenido porque está en desacuerdo con la norma estatal y con la capitalización de las cajas, pero valora que la trasposición de la Comunidad de Madrid "no empuje hacia dentro" y "garantice los acuerdos de estabilidad" sobre Caja Madrid.

En su intervención ante el pleno para defender la ley, Beteta ha hecho hincapié en que "asistimos a un cambio en el enfoque de las cajas iniciado desde el Gobierno estatal" y en que el objetivo final es conseguir que estas entidades "estén preparadas para enfrentase a los retos del futuro, que estará presidido por el endurecimiento de los requisitos de solvencia en las nuevas normas internacionales".

La ley madrileña incorpora la regulación estatal que permite a las cajas de ahorros emitir cuotas participativas -similares a las acciones- con derechos políticos hasta un 50% de su patrimonio.

También traspone las nuevas figuras que pueden crearse como consecuencia de los procesos de modificación estructural de las cajas, entre ellos los SIP (sistemas institucionales de protección), el ejercicio indirecto a través de entidades bancarias y la transformación en fundaciones de carácter especial.

Todas estas modificaciones quedan sujetas a la pertinente autorización de la Comunidad de Madrid.

Además, la ley limita la representación pública hasta un máximo del 40% y redistribuye este porcentaje entre los diferentes sectores, de forma que se incrementa en el caso de los impositores y se reduce al 1,5% en el de las corporaciones municipales.

También establece que los consejeros de Caja Madrid no podrán ser cargos políticos electos y que la presidencia ejecutiva y dirección general no podrán hacer otras actividades remuneradas.

Una vez que se aprueben sus estatutos, Caja Madrid tendrá dos meses para reducir la representación pública al 40%.

No obstante, no se adelantarán los procesos electorales previstos, como el que se desarrollará en 2012 para la renovación de los sectores de impositores y empleados.

La ley aprobada incorpora una enmienda del PP, que ha apoyado el PSOE, para que los ayuntamientos puedan decidir en qué zonas de sus municipios aplican la nueva normativa que permite vender alcohol después de las 22.00 horas a las llamadas tiendas de conveniencia.