La Asamblea de Caja Madrid decide mañana si acepta o no la reforma de Aguirre

Los nuevos estatutos, que hacen muy difícil la reelección de Miguel Blesa como presidente, llegan a la Asamblea envueltos en la polémica y el enfrentamiento entre quienes defienden a ultranza la nueva ley de Aguirre -el PP de la Comunidad- y quienes la califican de "anticonstitucional e innecesaria" -los representantes en el Consejo de Administración del PP del Ayuntamiento de Madrid, CCOO e IU-.

Para que los estatutos se den por aprobados por la Asamblea, se necesita el voto favorable de dos tercios de los asistentes, es decir, 213 votos a favor de los 320 miembros que componen este órgano de gobierno.

En principio parece complicado que 213 consejeros voten a favor del proyecto, teniendo en cuenta que los representantes del PSOE (unos 70) se abstendrán -siempre y cuando sigan las directrices del secretario general del PSM, Tomás Gómez-, y que los de CCOO e IU (aproximadamente 55 en conjunto) previsiblemente votarán en contra, tal y como han hecho en las reuniones del Consejo de Administración.

El PP del Ayuntamiento de Madrid, que ha presentado un recurso contra el proyecto de modificación de los estatutos porque reduce su representación en los órganos de gobierno de la caja, también votará, en principio, en contra.

En los tres últimos Consejos de Administración 14 de sus 21 miembros -los representantes del Ayuntamiento de Madrid, de CCOO, de IU y uno de los del PSOE- han mostrado su firme rechazo a una reforma que califican de "anticonstitucional, ilegal e innecesaria" y han dejado abierta la puerta a presentar recursos contra la modificación de los estatutos.

Aunque siempre se han mostrado contrarios al nuevo proyecto, decidieron remitirlo a la Asamblea para su votación, pero matizaron que lo hacían por "imperativo legal".

Los dos tercios que se necesitan para que la Asamblea apruebe los estatutos parecen por tanto muy difíciles de conseguir, a no ser que en el último momento y a pesar de estar en contra del proyecto, estos sectores opten por votar a favor del mismo para evitar que la Comunidad imponga los estatutos, un hecho sin precedentes y que podría entenderse por algunos como una intervención pública en la caja.

La Comunidad de Madrid ha recordado en varias ocasiones que, según la nueva ley de cajas regional, si la Asamblea no aprueba los estatutos, podría imponerlos en el plazo máximo de un mes.

La celebración de la Asamblea de mañana ha estado en el aire buena parte de la semana, después de que el lunes el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) suspendiera de forma cautelarísima (sin escuchar a las partes) cualquier acción dirigida a aprobar los nuevos estatutos, tal y como pedía el Ayuntamiento en su recurso.

Finalmente, y tras escuchar a la Consejería de Economía de la Comunidad de Madrid y al Ayuntamiento de Madrid, el miércoles se suspendieron las medidas cautelares, lo que permite por tanto que la Asamblea vote, algo por lo que el miércoles mostró su satisfacción la caja, que confía en que su decisión sea "respetada por todos, sin imposiciones por parte de nadie".