El BCE celebra la segunda reforma de De Guindos para minimizar el riesgo de la banca por el ladrillo

El Banco Central Europeo (BCE) ha aplaudido el segundo real decreto sobre saneamiento financiero aprobado por el Gobierno el pasado mes de mayo para minimizar el riesgo de la banca por exposición al 'ladrillo' dentro de su esfuerzo para restablecer la confianza de los inversores y de los mercados en el sistema financiero español.

En un dictamen, el BCE "celebra el incremento de las provisiones genéricas para los activos inmobiliarios calificados como riesgo normal", que fuerza a los bancos a constituir excesos de capital eficaces para esa parte de las carteras en vista del empeoramiento de las previsiones para ese tipo de activos.

No obstante, el BCE entiende que "esas provisiones podrían ajustarse de nuevo como consecuencia de los resultados obtenidos por las empresas auditoras externas contratadas".

El organismo que preside Mario Draghi indica que ha tomado nota de la contratación de dos consultoras externas, Oliver Wyman y Roland Berger, para realizar una valoración de los balances del sistema bancario español, y de la designación de empresas de auditoría (Deloitte, KPMG, PwC y Ernst & Young) para reconocer los procedimientos de reconocimiento y dotación de provisiones.

NO AFECTA A TODA LA CARTERA DE BANCOS.

Asimismo, incide en que el real decreto ley 18/2012 sobre saneamiento y venta de activos inmobiliarios "afecta únicamente a los activos inmobiliarios relacionados con el suelo para promoción inmobiliaria y con las construcciones y promociones inmobiliarias, y no al resto de cartera de bancos".

El BCE también considera que la propuesta de creación de las sociedades de gestión de activos inmobiliarios (SGA) es "un paso en la dirección correcta", porque contribuirá a una mayor transparencia de las carteras inmobiliarias de los bancos españoles y mejorará los procesos de gestión de activos de los bancos, reduciendo el potencial de pérdidas futuras.

Por otro lado, el organismo recuerda al Gobierno la importancia de consultar al BCE "en una fase apropiada del proceso legislativo", de manera que pueda tener en cuenta su dictamen antes de aprobar una medida. El BCE recibió la consulta el 17 de mayo, después de que el decreto se aprobara el 11 de mayo.