Beteta avisa a las CCAA que deben aplicar las reformas en sanidad y educación para tener apoyo financiero

El secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, ha advertido a las comunidades autónomas que el "impulso reformista" debe continuar y que deberán aplicar las reformas aprobadas en educación y sanidad "para contar con el apoyo financiero del Estado". "Será imprescindible".

Beteta ha comparecido en comisión en el Congreso para explicar los planes de trabajo de su Departamento y ha subrayado la importancia de mantener el objetivo de estabilidad presupuestaria, que debe llevar a las autonomías a cerrar este ejercicio con un déficit del 1,5%. "Vamos en la dirección correcta", ha señalado al respecto.

El secretario de Estado ha recordado que la ejecución presupuestaria del primer trimestre así lo demuestra, pero ha advertido pese a ello que el Gobierno les pedirá a las autonomías proyecciones de cierre del año y la adopción de "medidas extraordinarias" si fuera necesario para cumplir los objetivos.

En este punto, ha advertido de que será necesario que los gobiernos regionales apliquen las reformas aprobadas en materia sanitaria y educativa si quieren contar "con el apoyo financiero del Estado".

Beteta también se ha mostrado dispuesto al diálogo con las CCAA para "racionalizar estructuras" de la administración pública y evitar "solapamientos y duplicidades", aunque no ha dado más detalles. Para ello, ha apostado por reforzar los foros de cooperación como la Conferencia de Presidentes, las conferencias sectoriales, las comisiones bilaterales y el Consejo de Política Fiscal y Financiera.

IMPULSO DE LAS DIPUTACIONES.

El secretario de Estado ha repasado también las grandes líneas de la reforma de la administración local en la que trabaja su departamento y que negocia además con el PSOE. La intención del Ejecutivo es que los servicios que prestan los municipios sean sometidos a examen y que los que no superen determinados niveles de calidad los presten en el futuro las diputaciones.

Este traspaso será obligatorio en el caso de los ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes y voluntario, en el caso de los de mayor tamaño, tal y como adelantó Europa Press la semana pasada, según el documento base que ha preparado Administraciones Públicas.

Junto a la reforma de la Ley de Bases de Régimen Local, el Ejecutivo prepara también la de la ley de haciendas locales, aunque Beteta ha subrayado que la financiación actual "hay recursos para pagar" las competencias municipales; para lo que no llega, ha dicho, es para las llamadas competencias impropias, por lo que la ley obligará a que si una autonomía quiere encomendar un servicio a un ayuntamiento, deba pagarlo sin excusa, no como ocurre actualmente.

Por otro lado, el secretario de Estado ha explicado que en la prestación de todos estos servicios se podrá recurrir a la iniciativa privada siempre que se mejore la eficacia y la eficiencia, lo que no significa, ha dicho, que se apueste por la privatización.

"No es labor de este gobierno definir la gestión de cada diputación provincial. Lo que este gobierno quiere son mejores servicios públicos y de calidad para todos, cumplir la ley de estabilidad y más calidad para la vida de las familias. Si viene del ámbito público o privado, lo que sea mejor para todos los españoles", ha señalado.

Beteta ha insistido también en que el Gobierno no quiere eliminar ayuntamientos y que de hecho apuesta por conjugar la representatividad democrática con la eficiencia en la prestación de servicios. "Sabemos que hay miles de concejales que no cobran un euro, que representan una voluntad popular y que saben llevar ante otras administraciones las necesidades de sus ciudadanos", ha dicho.

También en relación con los ayuntamientos, Beteta ha anunciado que van a estudiar si es posible suavizar las exigencias de la ley de estabilidad para los ayuntamientos que están saneados y que, ahora, están obligados a dedicar sus excedentes a amortizar deuda. El secretario de Estado ha explicado que el objetivo de la norma es sanear las administraciones y que cuando se logre, se estudiará esta otra posibilidad.

CRÍTICAS DEL PSOE.

La portavoz del PSOE, Meritxel Batet, ha censurado "el enfoque" que a su juicio tiene toda la política del secretario de Estado y que se resume en pensar que lo público es ineficaz o sobra. "Le pedimos que cambie esta actitud", le ha dicho a Beteta, al que le ha exigido que aclare además cuál es el nuevo mapa de la administración que quiere, porque hasta ahora sólo ha usado "la brocha gorda". "¿Qué quiere decir una administración, una competencia? Llevan 6 meses con el titular, empecemos a concretar", le ha pedido.

Por parte de CiU, Carles Páramo le ha reclamado entre otras cosas apoyo para los municipios turísticos, que asumen muchos costes y representan al mismo tiempo al país, del que son imagen. Beteta le ha asegurado que el Consejo de Ministros va a estudiar un informe precisamente sobre el sector.

La diputada Laia Ortiz, de la Izquierda Plural, ha rechazado los planes sobre la administración municipal porque a su juicio planea "un atentado democrático a la autonomía local". También le ha pedido detalles sobre el futuro de las veguerías catalanas, a lo que Beteta le ha respondido que también en otras autonomías hay entidades propias, como las comarcas aragonesas, pero que respetándolas todas el Gobierno impulsará la institución constitucionalmente reconocida, que es la diputación.

Desde el PNV, Pedro Azpiazu ha reclamado que el Gobierno no retroceda en la descentralización del Estado, que a su juicio es "la mejor manera" de prestar mejor los servicios a los ciudadanos. El secretario de Estado ha subrayado por su parte que el Ejecutivo cree en el Estado autonómico, porque es "un modelo de convivencia", pero que también cree que tiene "debilidades" que se deben corregir, sobre todo, "las duplicidades y solapamientos" entre administraciones.