Brasil está cerca de definir la ley del petróleo para proteger sus gigantescas reservas

El directivo del ente regulador considera que, dentro del nuevo marco legislativo que estudia una comisión interministerial, "tal vez nunca" vuelvan a entrar en subasta bloques del área marítima conocida como presal, en la que se encuentran reservas de crudo que podrían colocar a Brasil entre los mayores productores del mundo.

En una rueda de prensa, Lima afirmó que los cálculos de que el presal contiene 50.000 millones de barriles de crudo son "conservadores" y apuntó que Brasil atesorará la cuarta mayor reserva mundial de petróleo "en un plazo muy corto".

Según los cálculos, los nuevos yacimientos en el lecho del Atlántico deberían contener entre 80.000 millones y 100.000 millones de barriles, que se sumarían a las actuales reservas de la empresa estatal Petrobras, que rondan los 14.000 millones.

El director de la ANP recordó que el 41 por ciento de las áreas del presal ya fueron licitadas en los últimos años, quedando un 35 por ciento en manos de la petrolera estatal brasileña.

Confirmó que a final de este año, a diferencia de en 2008, la ANP volverá a incluir algunas ricas regiones marítimas en sus rondas de licitaciones, aunque en ningún caso del área del presal.

La provincia geológica del presal, de 800 kilómetros de largo por 200 de ancho, se encuentra a unos 200 kilómetros de la costa del estado de Sao Paulo, en el sureste de Brasil, y a una gran profundidad.

En promedio, los yacimientos están a siete kilómetros de profundidad y bajo una gruesa capa salina que incrementará la dificultad para extraer los hidrocarburos del lecho marino.

De momento, Petrobras y sus socios, la portuguesa Galp y la británica GP, ya han comprobado el volumen de dos yacimientos, Tupí e Iara, que suman unos 8.000 millones de barriles en reservas.

El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, ha insistido en la necesidad de reformar la ley del petróleo para proteger esos yacimientos e invertir los beneficios que se obtengan de su explotación en mejorar la educación y el sistema público de salud del país.