Bruselas amenaza con llevar a España ante el TUE por no transponer completamente la directiva Mifid II

El Ejecutivo comunitario ha enviado dictámenes motivados, el último paso antes de acudir a la Justicia europea, por este asunto a doce Estados miembros, que son España, Bulgaria, Croacia, Eslovenia, Grecia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Polonia, Portugal, Rumanía y Suecia.

Esta directiva fue adoptada en respuesta a la crisis financiera para establecer unos mercados financieros "más transparentes, competitivos e integrados", con el objetivo de conseguir que se negocie menos fuera de los mercados regulados, una mayor protección a los inversores y consumidores y garantizar la estabilidad financiera, explica Bruselas.

Así, la normativa armoniza el régimen regulador de la UE sobre requisitos organizativos para las empresas de servicios de inversión, los mercados regulados, los mercados de las pequeñas y medianas empresas y los servicios de suministro de datos. También se establecen normas de conducta armonizadas para los servicios de inversión, incluidos los incentivos, los requisitos de información y las normas de gobernanza de los productos.

El plazo inicial para transponer la directiva se prorrogó un año, del 3 de junio de 2016 hasta el 3 de julio de 2017, pero estos doce países "no han incorporado las normas a su legislación nacional o no las han incorporado plenamente".

En el caso de España, el Consejo de Ministros aprobó a finales de diciembre a través de un Real Decreto-Ley una parte de la transposición de esta directiva al ordenamiento jurídico español, concretamente la relativa a centros de negociación (mercados regulados, sistemas multilaterales de contratación y sistemas organizados de contratación).

En este contexto, el Ejecutivo comunitario también ha pedido a todos estos países, excepto a Suecia, que apliquen plenamente la directiva delegada que complementa a Mifid II en lo relacionado con la salvaguarda de los instrumentos financieros y los fondos pertenecientes a clientes, obligaciones en materia de gobernanza de productos y normas aplicables a la entrega o percepción de honorarios, comisiones y otros beneficios monetarios o no monetarios.