CCOO y UGT acusan a la derecha parlamentaria de trabajar para la patronal

En rueda de prensa, el secretario de acción sindical de UGT, Toni Ferrer, aseguró que las enmiendas presentadas por todos los partidos políticos, salvo los de la izquierda parlamentaria, "abundan en una regresión de los derechos de los trabajadores y empeoran el texto de la reforma laboral".

Por su parte, el secretario de acción sindical de CCOO, Ramón Górriz, acusó al Gobierno de repartir la responsabilidad de la reforma laboral "con todo el Parlamento" y de intentar utilizar el debate de la ley en el Congreso "como piquete contra la huelga general del 29 de septiembre".

Para Ferrer, la mayoría de las enmiendas presentadas se alejan de lo que son las necesidades reales de empleo, que pasan por dar oportunidades de reinserción en el mercado laboral.

En su opinión, el error del Gobierno ha sido plantear una reforma laboral en el contexto del objetivo de estabilidad presupuestaria, ya que se pretende reducir el déficit "a costa de rebajas salariales y de recortes de los derechos de los trabajadores".

En un documento conjunto, ambos sindicatos destacan la enmienda presentada por el PP -que confían que quede "en una anécdota"-, que plantea la posibilidad de modificar un convenio colectivo vigente sin que se pueda ejercer el derecho de huelga que tienen los trabajadores "como mecanismo constitucional de presión".

En materia de contratación temporal, denuncian que tanto PP como CiU amplían aún más las posibilidades de utilización del contrato de obra, con lo que no se aborda el problema del encadenamiento de este tipo de contratos.

A ello suman que ambos grupos parlamentarios apuntan a que el contrato de fomento del empleo estable se convierta en el contrato indefinido ordinario, al cerrar cualquier resquicio a las "escasas limitaciones" que había para su utilización.

En lo que respecta al despido individual y colectivo, los sindicatos consideran que las enmiendas de estos grupos abundan en dotar al empresario de un mayor poder unilateral y discrecional para despedir sin tener que acreditar causa justificativa, dado que "ésta queda reducida a su mínima expresión".

Lo mismo ocurre en materia de flexibilidad interna, ya que para aplicar la movilidad geográfica, la modificación sustancial de los contratos o el descuelgue salarial, se da la última palabra al empresario, que puede dejar de aplicar lo pactado colectivamente a nivel sectorial.

Asimismo, señalan el "ataque frontal" que contra la negociación colectiva implican las enmiendas del PNV que eliminan la prevalencia de los convenios sectoriales y que impiden a los sindicatos más representativos a nivel estatal su legitimación para negociar en cualquier ámbito.

Los sindicatos tampoco comparten que con la "gravísima" situación de desempleo algunos grupos quieran dejar en manos de las empresas de trabajo temporal la gestión de los parados.

Sobre bonificaciones, CCOO y UGT subrayan que, pese a "haberse constatado la nula eficacia de su generalización", las enmiendas ceden a las peticiones de la patronal y se alejan de su finalidad de fomentar la contratación de aquellos desempleados con mayores dificultades para insertarse en el mercado de trabajo.