La CE pide una multa millonaria para España por las vacaciones fiscales vascas

La Comisión destacó "que han transcurrido casi cuatro años desde la sentencia" del Tribunal de Justicia Europeo que declaró ilegales estas exenciones fiscales y nueve desde que la Comisión Europea pidió a España que recuperara estas ayudas estatales ilegales.

Por este motivo, pide una multa que ascienda a 236.044 euros por cada día que transcurra desde que el tribunal vuelva a pronunciarse sobre el asunto hasta que España acate la sentencia y otros 25.817 euros por cada día transcurrido desde la primera resolución, dictada en diciembre de 2006, hasta que la corte emita la segunda.

"El objetivo no es imponer multas, sino obtener una recuperación rápida de las ayudas ilegales por parte de los beneficiarios", dijo hoy Amelia Torres, portavoz del comisario de Competencia, el español Joaquín Almunia.

"Cuanto antes se recuperen las ayudas, menos habrá que pagar", añadió.

La propuesta de multa es el último episodio de una disputa legal entre la Comisión Europea y el Gobierno español iniciada en 2001.

Entonces, Bruselas declaró que ciertos regímenes de ayudas fiscales en el País Vasco que concedían una exención del impuesto de sociedades durante diez años a las empresas de reciente creación otorgaban una ventaja competitiva.

Por su parte, el Tribunal de Justicia de la UE dio la razón a la Comisión Europea y pidió a España que recuperara las ayudas el 14 de diciembre de 2006.

Por "vacaciones fiscales" se conocía a una exención del impuesto de sociedades durante los primeros diez años de vida de las nuevas empresas establecidas en el País Vasco, créditos fiscales del 45 por ciento para inversiones superiores a los 15 millones de euros y reducciones en la base imponible de ese tributo durante los primeros cuatro años que obtuvieran beneficios.

Las primeras medidas fueron aprobadas en 1993 y fueron progresivamente canceladas, hasta desaparecer totalmente en 2000, ante las denuncias e investigaciones abiertas en Bruselas,.

A estas facilidades, que según la UE constituyen ayudas de Estado incompatibles con las normas comunitarias, se acogieron unas trescientas empresas.