CEOE critica la elevada "densidad y complejidad" legislativa, tras un 2017 con 517 nuevas normas, un 18,6% más

La Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) ha advertido de la "elevada densidad y complejidad" del enramado legislativo español, lo que impacta "directamente" sobre la capacidad de crecimiento de las empresas, a pesar de que 2017 se cerró con el segundo registro más bajo de la serie histórica, con 517 nuevas normas, un 18,6% más que el año anterior.

Así lo señala la patronal en su informe sobre la producción normativa en 2017, del que se desprende los boletines oficiales de ámbito estatal y autonómico dedicaron un total de 954.568 páginas a las nuevas normas durante el año 2017.

El volumen de páginas publicadas se dividieron en 731.525 en los boletines oficiales de las comunidades autónomas y un total de 223.043 páginas editadas el Boletín Oficial del Estado (BOE). Según los últimos datos obtenidos de la Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado (BOE), en 2017 se aprobaron 517 nuevas normas de distinto rango a nivel estatal, lo que supone un incremento del 18,6%, respecto de las 436 normas adoptadas en el año anterior.

No obstante, añade que 2016 fue un año excepcional, cuya actividad legislativa estuvo condicionada por la existencia de un gobierno en funciones durante buena parte del año, lo que condujo a que se aprobasen 517 normas, el segundo registro más bajo de toda la serie histórica.

En este sentido, apunta que "la naturaleza más diversa del arco parlamentario de la actual legislatura, podría haber afectado a esta menor proliferación de normas en términos comparados".

En todo caso, la patronal advierte de que el entramado legislativo obliga a las empresas "a bregar con un alto, y a menudo disperso, nivel de regulación, que origina distorsiones en el mercado y un alto nivel de cargas administrativas".

Según advierte la confederación, esta situación impacta "directamente" sobre la capacidad de crecimiento económico empresarial, pues erosiona la competitividad de las empresas, que "se ven obligadas a destinar notables recursos y esfuerzos a cumplir con la regulación existente, a veces injustificada o desproporcionada". "Ello conlleva no poder dedicarse plenamente a su actividad generadora de riqueza y de empleo", avisa.

De esta forma, insiste en que si España quiere convertirse en "polo de competitividad en la economía globalizada", ha de contar con una Administración y una legislación "simplificada, moderna, estable y al servicio de las necesidades de las empresas y los ciudadanos".

41.883 NORMAS ESTATALES DESDE 1970

El informe refleja que entre 1970 y 2017 se han aprobado en España un total de 41.883 normas estatales.

Respecto al primer año de la actual legislativa, entendido desde la fecha de la sesión de apertura, del 17 de noviembre de 2016 al 17 de noviembre de 2017, ha sido el año inicial de legislatura menos productivo en el aspecto normativo de todos los acontecidos hasta la fecha.

Comparando las últimas cuatro legislaturas, en función del tipo de norma, CEOE observa que la principal diferencia en el año inicial de la presente legislatura, ha radicado en una menor actividad en la proliferación de normas con rango no de ley, en especial, de órdenes ministeriales, aunque la aprobación de reales decretos también ha sido inferior, salvo respecto a la última legislatura de 2011.

Por lo que se refiere a las normas con rango de ley, la presente legislatura ha tenido menor actividad normativa reflejada en leyes orgánicas, mientras que las leyes y los reales decretos-ley, si bien han estado por debajo del primer año de la legislatura anterior, han superado a las aprobadas en el año inicial de las legislaturas que comenzaron en 2004 y 2008.

El pasado 7 de diciembre de 2017 el Consejo de Ministros aprobó por primera vez el Plan Anual Normativo de la Administración General del Estado, correspondiente al ejercicio 2018.

Dicho plan recoge el listado de normas (leyes orgánicas, leyes ordinarias y reales decretos) cuya aprobación está prevista para el presente año.

Esta medida, completada con el Informe Anual de Evaluación Normativa y la creación de la Junta de Planificación y Evaluación Normativa, pretende, según el propio plan, asegurar la congruencia de todas las iniciativas que se tramiten y evitar modificaciones sucesivas del régimen legal de un determinado sector o área de actividad en un corto espacio de tiempo.

También busca dar a conocer a todos los agentes cuáles son las normas previstas para cada año natural, incrementando la transparencia, y racionalizar la actividad normativa, a través de la reflexión que impone la articulación en un calendario del programa legislativo.