(Ampl.) CNMC expedienta a Alstom, ACS, Isolux y otras 22 empresas por repartirse contratos de AVE

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha abierto un expediente sancionador a 25 empresas, entre la que figuran multinacionales como Alstom y Siemens, y grupos españoles como ACS, OHL, Isolux, Abengoa e Indra, por supuestamente conformar un cartel que se repartía contratos públicos de instalación de sistemas de electrificación en líneas AVE y también convencionales.

El expediente del 'superregulador' es consecuencia de la investigación iniciada en 2016, en el marco de la cual realizó inspecciones en las sedes de Alstom y Elecnor el pasado año, y en las de Cobra (ACS), Electren y Siemens en enero de este ejercicio.

En concreto, la CNMC asegura haber detectado indicios de que las empresas se repartían las licitaciones de contratos de construcción y mantenimiento de sistemas de electrificación y equipos electromecánicos en líneas convencionales, tanto de Alta Velocidad como convencionales.

El expediente se ha abierto a multinacionales implantadas en España como Alstom y Siemens, a grandes constructoras como ACS, Comsa, OHL, Isolux Corsán, y Sacyr, y a sus respectivas filiales de electrificación, Cobra, Cymi y Semi, en el caso del grupo que preside Florentino Pérez, Comsa Instalaciones y Sistemas, Eym (OHL) y Neopul (Sacyr).

Asimismo, el expediente de la CNMC también incluye a la compañía tecnológica Indra y a las firmas de instalaciones industriales Electren, Citracc (y su matriz Delejor 13), Cosemel, Elecnor, Inabensa y su matriz Abengoa, y Telice y su matriz Fuenteblandor.

BATALLA CONTRA LOS 'CARTELES'.

El órgano que preside José María Marín Quemada recuerda que la apertura de un expediente no prejuzga el resultado de la investigación, sino que inicia un periodo de 18 meses para instruirlo y enviar su resolución al consejo de la Comisión.

El expediente abierto en el sector de la electrificación ferroviaria se enmarca en la "batalla" que la CNMC libra contra los cárteles, una de las "prioridades" su actuación, dada la "gravedad de sus consecuencias sobre los consumidores y sobre el correcto funcionamiento de los mercados".

En el caso de los contratos públicos, la concurrencia de un cartel puede supone un encarecimiento de las obras, con el consiguiente impacto en las arcas públicas.