CSI-F asegura que el Gobierno parece "querer empujar" hacia una huelga general con su actitud

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSI-F) ha denunciado que los empleados públicos están padeciendo "las condiciones encubiertas del rescate a España" y ha asegurado que el Gobierno parece empeñado en "empujar" a una nueva huelga general con sus medidas.

CSI-F, que se ha sumado a las manifestaciones convocadas en toda España contra los Presupuestos Generales del Estado (PGE), ha explicado que está trabajando con las principales organizaciones sindicales sobre el escenario de una huelga, que de convocarse, será de carácter general, con la participación de las Administraciones Públicas.

"Los empleados públicos padecemos ya las condiciones encubiertas del rescate a España y parece que el Gobierno nos quiere empujar a la huelga con su actitud", asevera CSI-F en un comunicado.

El sindicato de funcionarios subraya que los PGE de 2013 supondrán una nueva pérdida de poder adquisitivo para el colectivo de empleados públicos y el empeoramiento de la calidad de los servicios que reciben los ciudadanos.

CSI-F considera que "el sector público ya ha pagado parte de las condiciones encubiertas del rescate a lo largo de los últimos tres años" con tres congelaciones salariales consecutivas, eliminación de pagas extra, días de libre disposición, baja laboral transitoria sin sueldo y una pérdida de poder adquisitivo de más del 30%.

Además, resalta que en el último año se ha producido la destrucción de más de 220.000 puestos de trabajo y afirma que la Administración es ya el tercer sector que proporcionalmente arrastra una mayor pérdida de empleos, detrás de la construcción y las industrias extractivas.

"El Gobierno nos ha intentado usar a los empleados públicos como conejillos de Indias de las condiciones del rescate, a lo largo de los últimos tres años nos han puesto en un brete como supuestos responsables de la crisis. Y ahora qué", se pregunta CSI-F, que exige una explicación al Gobierno.

Por último reclama al Gobierno y al resto de las fuerzas políticas que negocien junto a los representantes sindicales un pacto de Estado y un plan de recursos humanos en el sector público "realista y acorde a los servicios que merecen los ciudadanos".