CiU rechaza en el Congreso la ley que regula el 'rescate' porque recorta autonomía y es un "cheque en blanco"

El Grupo Parlamentario Catalán de CiU ha presentado en el Congreso una enmienda de devolución al Gobierno del proyecto de ley que modifica la Ley de Estabilidad Presupuestaria para regular el acceso al Fondo de Liquidez Autonómico (FLA), cuyo rescate ha solicitado Cataluña este mismo martes, al considerar que las medidas en él incluidas recortan autonomía, son "desproporcionadas" y obligan a las comunidades a firmar un "cheque en blanco" para acceder a dicha financiación.

Según la enmienda de totalidad de los nacionalistas catalanes, a la que ha tenido acceso Europa Press, el cambio en la Ley de Estabilidad Presupuestaria que pretenden aprobar los 'populares' persigue únicamente "dar un paso más en el proceso de recentralización del Estado" para "facilitar" que el Gobierno central pueda "intervenir" las comunidades.

"Establecer por ley que el acceso a los mecanismos de liquidez comporta acatar cualquier 'disposición' para la puesta en marcha de los mismos constituye un cheque en blanco de condiciones, lo que vulnera la autonomía financiera de las administraciones públicas y conlleva una enorme inseguridad jurídica", alega CiU.

EL PROYECTO PREVÉ "MEDIDAS DE AJUSTE EXTRAORDINARIAS"

Y es que, según el proyecto de modificación, el acceso a cualquier mecanismo de financiación que articule el Ejecutivo central "vendrá precedido de la aceptación de condiciones particulares en materia de seguimiento y remisión de información, y de aquellas otras condiciones que se determinen en las disposiciones o acuerdos que dispongan la puesta en marcha de los mecanismos, así como de la adopción de medidas de ajuste extraordinarias, en su caso, para alcanzar los objetivos de estabilidad presupuestaria, límites de deuda pública y obligaciones de pago a proveedores".

Además, también se obligará a comunidades y ayuntamientos en esta situación que acuerden con Hacienda un plan de ajuste y un calendario de aplicación, cuyo cumplimiento condicionará el desembolso por tramos de la ayuda financiera establecida. Estos plazos podrán ser prorrogados "de forma extraordinaria" por decisión de la Comisión Delegada del Gobierno de Asuntos Económicos "atendiendo a las dificultades de acceso a los mercados financieros u otras circunstancias socioeconómicas".

El Ministerio de Hacienda podrá también acordar el "sometimiento" de las comunidades a actuaciones de control por parte de la Intervención General del Estado "con el contenido y alcance que ésta determine" con el objetivo de "garantizar el reembolso de las cantidades derivadas de las operaciones de endeudamiento, en función del riesgo que se derive de los informes de seguimiento de los planes de ajuste o del grado de cumplimiento de las condiciones".

LA DEUDA COMPUTARÁ EN LAS CUENTAS REGIONALES

Por otra parte, el proyecto de ley establece que el incremento en la deuda derivado de estas operaciones se computará en las cuentas de la administración que haya requerido la ayuda, algo que para CiU "podría tener su lógica si no fuera por el desequilibrado reparto de los objetivos de déficit".

Y es que los nacionalistas critican que el Ejecutivo central "niegue a las comunidades autónomas lo que ha pedido a Europa", en relación con la flexibilización de los objetivos de déficit para este ejercicio. "No hay paralelismo ni coherencia entre las demandas de flexibilidad que el Gobierno solicita a la UE y las decisiones de intolerancia y mayor rigidez que impone a las comunidades", reprochan.

En la misma línea, creen que los mecanismos sancionadores y de control incluidos en la norma "exceden en mucho a los que exige la UE" con el único objetivo de que el Estado "tutele y erosione la autonomía financiera de las administraciones territoriales, en lugar de reforzar los instrumentos oportunos para poder alcanzar los objetivos de reducción de déficit". "Constituyen un abuso de posición", añaden.

También juzgan que las nuevas obligaciones de remisión de información al Ministerio de Hacienda --mensual durante la vigencia del plan de ajuste y siempre que Hacienda solicite cualquier otro dato-- son "subjetivas y excesivas" y van en contra de la transparencia o de la eficiencia administrativa.

PARTICIPAR DEL IVA

Al margen de la enmienda de totalidad, CiU ha presentado también nueve enmiendas parciales. Con una de ellas pretenden añadir un artículo para que las variaciones que el Ejecutivo central decida para los tipos impositivos o las bases estatales de los Impuestos Especiales de Fabricación --alcohol, productos energéticos y tabaco-- y del IVA no repercutan en el Fondo de Suficiencia Global.

Según los nacionalistas catalanes, el aumento de la recaudación de las comunidades autónomas por estos conceptos no debería ser compensado con una reducción equivalente del fondo de suficiencia, dado que "al ser exclusivamente el Estado el que tiene la competencia de modificarlos, el reequilibrio de la estructura tributaria debe afectar a todas las administraciones que participan en los ingresos".

Por otra parte, CiU también pretende añadir una previsión para que, cuando los ejercicios presupuestarios se cierren con superávit, se pueda destinar ese dinero a un Fondo de Reserva que se pueda usar para "la cancelación de la deuda o para no realizar nuevas apelaciones al crédito cuando se cumpla el objetivo de deuda pública".

"Parece oportuno (incluir este artículo), dado que la norma es mucho más estricta que la normativa europea y reduce sustancialmente el margen de maniobra de las administraciones autonómicas y locales", justifica.

ENMIENDAS PARCIALES

Las enmiendas parciales recogen también sus principales quejas sobre la reforma normativa. Así, exigen suprimir los cambios relativos a las sanciones por falta de remisión, valoración desfavorable o incumplimiento de los planes de ajuste, porque "exceden en mucho a lo que exige la UE".

En la misma línea, aceptan que la remisión de información sea mensual siempre y cuando se dejen fuera aspectos como las desviaciones en la ejecución del plan de ajuste, los planes de tesorería o las recomendaciones para cumplir los objetivos. Además, consideran que no se deberían reclamar "valoraciones de los riesgos a corto y medio plazo" de no alcanzar el límite de déficit por tratarse de un concepto de "subjetividad perniciosa".

También reclaman que se retire la potestad de que Hacienda solicite cualquier tipo de información cuando lo considere oportuno porque "resulta contradictorio" con las exigencias de simplificación burocrática que exige Bruselas.