Ciudadanos quiere que sea obligatorio declarar obras de arte o yates en el extranjero

En declaraciones a los medios, De la Torre ha reivindicado que "antes de hacer más recortes o de exigir un euro más a los contribuyentes honestos, a la clase media y trabajadora, hay que poner todos los medios para los defraudadores, especialmente los más grandes, paguen lo que deberían y no blanqueen el dinero procedente de actividades delictivas como la corrupción".

Y, en aras a ese objetivo, la formación naranja ha presentado un decálogo de medidas, entre las que se incluye que sea obligatorio reflejar en el Modelo 720 de Declaraciones de Bienes y Derechos en el Extranjero los activos de todo tipo que figuren en los Depósitos Francos, más allá de los bienes inmuebles, las cuentas corrientes o los valores que se exigen actualmente.

"Hay espacios exclusivos, mercados donde se puede comprar y vender cualquier valor mueble (obras de arte, lingotes de oro, antigüedades, piedras preciosas) sin tributar ni por IVA ni por plusvalías", recuerda Ciudadanos, para quien esto deja una "vía abierta al fraude y la evasión" que supone un "escándalo".

REVISAR LA LISTA DE PARAÍSOS FISCALES

Por otra parte, la propuesta de Cs pasa por reclamar una revisión de los acuerdos de intercambio de información firmados con terceros países para actualizar la lista de países fiscales y volver a incluir en ella a los estados que no están "colaborando efectivamente" con la Agencia Tributaria, en cuya web debería colgarse el listado.

Para esto, es fundamental obligar a las entidades financieras a informar sobre las operaciones de sus clientes a través de sus filiales en paraísos fiscales en los mismos términos que informan sobre los clientes en España.

La iniciativa parlamentaria de Ciudadanos incluye también medidas para incrementar la transparencia, tales como hacer "público y gratuito" el acceso al Registro Mercantil para poder conocer a los dueños reales de las empresas registradas en España y dificultar así el uso de testaferros o prestanombres; u obligar a las entidades financieras y grandes empresas que facturen más de 6 millones de euros a informar a la Agencia Tributaria de cualquier operación con origen o destino en un paraísos fiscal, prohibiendo contratar con las administraciones públicas a quienes incumplan este deber.

¿QUIÉN ESTÁ DETRÁS DE SOCIEDADES CON SEDE OFFSHORE?

Igualmente, debería ser obligatorio que todas las sociedades con sede en paraíso fiscal o con participaciones significativas en sociedades radicadas en territorios offshore y que a la vez operan en España informen a la Agencia Tributaria de sus titulares últimos, "tanto en los casos de posesión de inmuebles o activos financieros, como cuando repartan dividendos o reembolsen capital".

Esto se realizaría mediante la certificación de asistencia anual a la Junta General de Accionistas que se aporta al Registro Mercantil, donde la sociedad quedaría bloqueada en caso de incumplimiento mediante la revocación del NIF, lo que conllevaría la suspensión de la operatividad y el bloque de las operaciones en cuentas bancarias y de cualquier intento de inscripción de propiedades.

"En caso de que dichas empresas estuvieran relacionadas con supuestos delictivos, quedarían sujetas a la regla del enriquecimiento ilícito", continúa la proposición no de ley. Es decir, que si el responsable del delito no fuera capaz de demostrar el origen legal del bien, se presupondría la ilicitud y quedaría automáticamente decomisado.

A nivel comunitario, Cs cree que hace falta avanzar en la implantación del NIF y de una Base Imponible Consolidada Común armonizada, así como actuar decisivamente contra la externalización de resultados para tributar en países con una fiscalidad más favorable.

De la Torre espera que el resto de grupos parlamentarios apoyen sus propuestas, y ha avanzado que, además de tramitar esta iniciativa en Comisión parlamentaria o en el Pleno del Congreso, también presentarán esas ideas vía enmienda a otros proyectos de ley como el de Autónomos, actualmente en tramitación, o el de Presupuestos Generales del Estado.