Colombia busca un banco de inversión internacional para estructurar la venta de Electricaribe

Según indicó el superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios de Colombia, José Miguel Mendoza, en declaraciones al medio local 'El Heraldo' recogidas por Europa Press, la firma elegida deberá ser una entidad especializada en procesos de valoración y venta de activos.

Además, Mendoza indicó que, simultáneamente, se contratará los servicios de una firma de abogados local para preparar el proceso de venta de los activos.

El superintendente de los Servicios Públicos Domiciliarios de Colombia precisó que las firmas que se postulen deberán asegurar el valor de las inversiones para mejorar el servicio y lograr el máximo valor posible para los acreedores de la compañía.

Asimismo, señaló que PwC ha sido la firma elegida por la Superintendencia para supervisar que todas las acciones que se desarrollan en el marco de la liquidación de la energética estén de acuerdo con lo que establece la ley.

"Ellos se encargan de revisar y fiscalizar todas las etapas de este proceso tan complejo, para cerciorarse de que todo se esté haciendo bien", dijo.

El pasado 14 de marzo, el Gobierno colombiano adoptó la decisión de iniciar un proceso de venta por liquidación de la filial de Gas Natural Fenosa en el país, intervenida desde noviembre del año pasado.

DEMANDA INTERNACIONAL.

Tras esta decisión de las autoridades colombianas, Gas Natural Fenosa acordó iniciar el arbitraje internacional contra Colombia con la presentación de una demanda ante el Tribunal de la Comisión de las Naciones Unidas para el Desarrollo Mercantil Internacional (Uncitral, por sus siglas en inglés) por la decisión de liquidación de Electricaribe.

En su demanda, la multinacional española pide al Gobierno colombiano la devolución de Electricaribe, en la que posee una participación del 85%, con un marco regulatorio viable o, en su defecto, que se le compense por un importe que se cuantificará en el curso del procedimiento, pero que, con arreglo a valoraciones preliminares, superará los 1.000 millones de dólares (unos 927 millones de euros).

En la solicitud presentada, la multinacional española se alza, entre otros motivos contra la ausencia de trato equitativo y de seguridad jurídica en la actividad regulada en los últimos años; contra la toma de posesión que constituye una expropiación sin indemnización; y contra el hostigamiento sobre un inversor internacional y las personas a su servicio, mientras trata de resolver por vía amistosa sus diferencias con un Estado mediante los instrumentos establecidos en Derecho Internacional, al acudir al arbitraje.