La Comisión Europea propone medidas para acotar el "salvaje oeste" del mercado de derivados

La fecha elegida coincide con el segundo aniversario de la caída del banco estadounidense Lehman Brothers, cuyo colapso contribuyó al contagio global de la crisis.

"La ausencia de todo marco regulador para los derivados negociados en mercados no organizados (OTC, según sus siglas en inglés) contribuyó a la crisis", recordó hoy el comisario de Mercado Interior y Servicios, Michel Barnier.

A su juicio, las normas propuestas hoy "introducirán transparencia" en este mercado para saber "quién está haciendo qué y quién posee qué", así como para evitar que "una sola quiebra desestabilice todo el sistema financiero, como ocurrió con el colapso de Lehman", añadió.

Un derivado es un contrato entre dos partes asociado al valor futuro de otro activo (como tipos de interés o acciones), que en el 90% de los casos es negociado fuera de los mercados habituales y, por lo tanto, alejado de la vigilancia de las autoridades.

El volumen de derivados OTC es enorme y en diciembre de 2009 alcanzaba los 615 billones de dólares, aunque antes de la crisis era un 10% superior.

Para evitar que los reguladores carezcan de una visión global de lo que sucede en este "opaco" medio, la Comisión propuso hoy introducir la obligación de registrar cada operación con derivados en centros de datos, que estarán bajo la responsabilidad de la futura autoridad europea de supervisión de los mercados (ESMA, según sus siglas en inglés).

Bruselas también desea que la mayor parte de las operaciones con derivados se realice a través de cámaras de compensación centralizadas, entidades que intermedian en las operaciones y que responderán ante el riesgo de impagos, por lo que también verán incrementados los requisitos que deben cumplir, entre ellos el de liquidez.

Bruselas ha sido permeable a una de las peticiones del sector industrial, por lo que quedarán exentas de esta regulación las operaciones en las que no esté implicada ninguna firma financiera, siempre que su volumen no sea tan elevado como para comportar riesgos.

Por otro lado, dentro del torrente de iniciativas legislativas destinadas a evitar futuras crisis, Bruselas también anunció hoy medidas para regular las ventas a corto plazo, que consisten en vender acciones que no se poseen con la expectativa de forzar su depreciación para poder comprarlas después a menor precio y ganar la diferencia.

"En tiempos normales, las ventas en corto contribuyen a la liquidez del mercado y a una fijación de precios eficiente. Pero en mercados estresados, pueden ampliar las caídas de precios, llevar a desórdenes y riesgos para el sistema", explicó Barnier.

Según la propuesta de hoy, los inversores deberán especificar las operaciones que realicen a corto plazo y notificarlas oficialmente a los reguladores cuando éstas afecten a más del 0,2% del capital de una compañía. Este requisito de notificación incluirá al resto del mercado si esta toma de posición alcanza el 0,5% del capital.

Bruselas también ha querido limitar al máximo las ventas al descubierto, que son una modalidad de las ventas a corto en las que el inversor ni siquiera alquila los títulos, lo que incrementa el riesgo de impago.

La CE desea exigir que el inversor los haya alquilado o haya llegado a algún tipo de acuerdo con un tercer actor para garantizar su entrega en el plazo máximo de 4 días después de cerrar la transacción.

Aunque Bruselas ha evitado prohibir las ventas al descubierto de los seguros contra el impago de deuda (CDS) para no frenar la liquidez en los mercados de deuda soberana, el nuevo régimen incluye la obligación de informar sobre tomas de posición importantes sobre la deuda de un país, para prevenir los encarecimientos vividos en la Eurozona durante la crisis griega.

Pero, teniendo en cuenta que "la transparencia por sí sola" es insuficiente, la norma propuesta hoy también permitirá que supervisores nacionales puedan prohibir las ventas al descubierto de acciones y CDS.

Además, en circunstancias excepcionales, este poder recaerá en ESMA, que deberá comenzar a funcionar en 2011 tras el acuerdo alcanzado entre el Parlamento Europeo y los Veintisiete para poner en marcha un nuevo sistema de supervisión financiera común.

Con la propuesta de hoy, Bruselas también desea evitar que los estados miembros actúen por su cuenta, como ocurrió durante la crisis del euro, cuando una decena de países, entre ellos Alemania, tomó medidas contra las ventas al descubierto.

De ser respaldadas por el Consejo y la Eurocámara, las iniciativas lanzadas hoy entrarían en vigor en la segunda mitad de 2012, un plazo considerado demasiado largo en comparación con las similares políticas adoptadas en Estados Unidos, en el marco de los compromisos del G-20.