El Congreso aprueba la Ley de Calidad Alimentaria con el apoyo del PP y la envía al Senado

La norma, que ahora comenzará su tramitación en el Senado, sale de la Cámara Baja tras incorporar una decena de enmiendas propuestas por el PP, dos modificaciones técnicas solicitadas por los socialistas y ocho enmiendas transaccionales a propuestas del PSOE y CiU, la mayoría de ellas correcciones de forma.

El proyecto de ley de Calidad Alimentaria actualiza la normativa de control y sanción, vigente desde 1983, con el objetivo de dotar a las autoridades inspectoras de instrumentos adecuados para sus controles, crear un régimen sancionador que disuada a los potenciales infractores, mejorar la competitividad del sector y la defensa de los productos españoles en los mercados internacionales e incorporar los principios de la unidad de mercado a este ámbito para remover obstáculos a los operadores.

CAMBIOS INTRODUCIDOS

Con las enmiendas, se modifica la Ley de Pesca Marítima para recoger como infracción grave el tener, consignar, transportar, llevar en tránsito, almacenar, transformar, exponer o vender, en cualquier forma prevista legalmente, productos pesqueros no cubiertos por dicha normativa sin cumplir las previsiones legales en materia de higiene, trazabilidad, etiquetado o información al consumidor sea una infracción grave, sancionada de forma acorde.

Se amplía asimismo la documentación a la que los inspectores pueden acceder cuando revisan un operador agroalimentario, al eliminarse la limitación de acceso a información industrial, mercantil o contable que figuraba en el proyecto de ley y autorizárseles a recabar "cuantos documentos consideren necesarios de acuerdo con el objetivo perseguido" en la actuación inspectora.

No obstante, se obliga a que los inspectores consigan un consentimiento del inspeccionado o una autorización judicial para poder entrar en un domicilio protegido en aras a cumplir con su obligación.

COOPERACIÓN CON EL SECTOR

También se da al sector alimentario la posibilidad de solicitar participar en una reunión de la Mesa de Coordinación de la Calidad Alimentaria --en la que participarán tanto el Ministerio de Agricultura como las comunidades autónomas con competencias en la materia-- cuando "necesiten exponer alguna cuestión que les afecte", sobre todo si se trata de operadores de la industria alimentaria.

Y es que según el texto aprobado por el Consejo de Ministros, sólo la Mesa podía invitar a colaborar a estas organizaciones o entidades. Por otra parte, se incluye a las cooperativas en las previsiones legales que ya se recogían en el proyecto de ley para otro tipo de asociaciones representativas, tales como la posibilidad de establecer un procedimiento de autocontrol y trazabilidad que deberán dar a conocer a sus asociados.

En relación con la colaboración y cooperación entre administraciones en el ejercicio del control de la calidad alimentaria, se deja al desarrollo reglamentario la definición de los procedimientos operativos y de intercambio de información y documentación a seguir en caso de inspecciones o expedientes en los que estén involucradas más de una región, las solicitudes de asistencia presentadas por otros estados miembro o el desarrollo de los planes de control promovidos por la UE.

Finalmente, y al margen de otras modificaciones de carácter técnico, se cambia la Ley de Seguros Agrarios Combinados, vigente desde 1978, para sustituir el emplazamiento al Gobierno de crear un plan de seguros anual por el mandato de que las aportaciones del Estado al importe global de las primas a satisfacer por los agricultores se les conceda de forma directa.