El Congreso rechaza pedir al Gobierno que modifique la Estrategia Española de Activación para el Empleo

La diputada 'popular' María Jesús Susinos ha defendido la Estrategia, que crea un "nuevo marco" de regulación de las políticas activas de empleo "acorde con las competencias autonómicas y basado en la evaluación". Así, el Servicio Público de Empleo y las comunidades autónomas han "acordado" unos objetivos "estratégicos y estructurales", para cuya consecución cada región podrá "priorizar lo que considere conveniente".

De este modo, al finalizar el ejercicio se "medirá" si se han cumplido los objetivos marcados para todo el país, en función de una serie de indicadores y, en función de los resultados de esta evaluación se efectuará el reparto de fondos.

"Esta Estrategia permitirá una mayor transparencia y anticipación en la propuesta de los programas por parte de las comunidades autónomas y, de forma más flexible, permitirá proponer las medidas más convenientes para cumplir los objetivos", ha insistido la diputada, defendiendo que la aprobación de esta Estrategia es competencia del Gobierno central y que ha sido resultado del "estrecho trabajo" con las comunidades autónomas y con los agentes implicados.

DEGRADACIÓN COMPETENCIAL

Sin embargo, el diputado del PNV Emilio Olabarria ha insistido en que incluir medidas y objetivos "aplicables en sus términos a todo el territorio nacional" supone "una vulneración, una degradación, de las competencias autónomas" en materia de políticas activas de empleo, y ha criticado particularmente la evaluación a posteriori que efectuará el Ejecutivo sobre los objetivos, que condicionará la liberación de fondos. "Es una cosa no vista nunca en la Historia autonómica de España", ha añadido.

En este sentido, ha recordado que es la propia Constitución la que establece que las competencias autonómicas "no están sujetas a ninguna pretensión de uniformización por parte de la normativa estatal" y que las competencias autonómicas "lo son con plenitud y no están sujetas a ninguna suerte de homologación por parte de ningún examinador de la Administración General del Estado".

"No están subordinadas, no están controladas, no son dependientes de las competencias del Estado. Esto no se ha visto nunca. Y si uno ya no puede confiar en los requerimientos de la Constitución en relación a la pura configuración autonómica del Estado pues evidentemente no puede sorprender a nadie que estos instrumentos políticos (Constitución y estatutos de autonomía) se puedan considerar políticamente amortizados y que ya prácticamente en el imaginario de todos los partidos políticos salvo uno estemos pensando en otra fórmula para configurar la regulación territorial-institucional del Estado", ha zanjado.

RECENTRALIZACIÓN

De forma parecida opina la socialista María José Rodríguez, quien ha acusado al Ejecutivo 'popular' de "despreciar" la realidad autonómica y la distribución competencial desde el inicio de la legislatura. "No sólo es un problema legal, sino de fondo, porque el camino a seguir en la lucha contra el paro pasa necesariamente por la coordinación y colaboración", ha señalado.

Carles Campuzano, de CiU, también lamenta que en los tres últimos años se ha producido un "retroceso" en la gestión de las políticas activas de empleo y se está yendo hacia una "recentralización" de esta materia. Además, ha advertido de que la redacción por parte de los Servicios Públicos de Empleo de los objetivos y las acciones de la Estrategia es "ineficaz" porque está "alejado de la realidad".

Por contra, el portavoz económico de UPyD, Álvaro Anchuelo, ha defendido que el Gobierno se ha limitado a cumplir con sus competencias en la materia, que pasan por la redacción de la Estrategia o de los Planes Anuales de Empleo. "Parecería que nunca se puede hacer nada sin invadir una competencia autonómica. Más bien parece que eso tiene que ver con una interpretación exagerada (de la legalidad)", ha zanjado.