El Congreso insta al Gobierno permitir que los ayuntamientos inviertan su superávit de 4.500 millones

La moción, que se ha votado por puntos, de los que se aprobaron los números 3 y 4, insta al Gobierno a llevar a cabo una revisión del diseño y aplicación de la regla del gasto a fin de posibilitar que las entidades locales "puedan invertir su superávit para impulsar prioritariamente inversiones y planes de empleo".

VOTO EN CONTRA DEL PP

Ha salido adelante gracias al apoyo del PSOE, Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, PNV, PDECat, ERC, Coalición Canaria, Nueva Canarias y Compromis, en los puntos aprobados, frente a la abstención de Ciudadanos y los votos en contra de PP, Foro Asturias y Bildu.

En concreto, la moción del PSOE es consecuencia de una interpelación al ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro, del pasado mes de diciembre, en la que Montoro ya mostró la voluntad del Gobierno de revisar la regla de gasto durante los primeros meses de este año para acomodar el contenido de esa norma a la nueva situación financiera de las administraciones públicas.

El punto 3 aprobado de la moción emplaza al Ejecutivo a revisar de forma especial la aplicación de la regla de gasto al objeto de posibilitar que las entidades locales puedan invertir su superávit para impulsar prioritariamente inversiones y planes de empleo.

El otro punto aprobado, el número cuatro, emplaza al Ejecutivo a analizar el impacto del coste financiero soportado por las entidades locales para impulsar un abaratamiento de estos costes y el saneamiento de la deuda municipal, que abra la puerta a una solución estructural del problema económico que les afecta.

"Se adoptarán mientras tanto medidas urgentes para reestructurar esta deuda, en especial la relacionada con el plan de pago a proveedores", subraya la moción.

SUPERÁVIT DE 4.500 MILLONES

Conforme a la regla de gasto, los ayuntamientos no pueden gastar el superávit que acumulan ya que la norma limita el incremento del gasto público al crecimiento potencial de la economía con el fin de evitar desequilibrios financieros en las cuentas de los consistorios.

Según las cuentas del PSOE, los 4.500 millones de superávit de las entidades locales españolas podría traducirse en unos 70.000 puestos de trabajo, pero los ayuntamientos no pueden poner en marcha por ejemplo planes de empleo con ese dinero sobrante.

El presidente de la Comisión de Hacienda y Función Pública, el socialista Antonio Pradas, anuncio durante el debate que el Grupo Socialista buscará la complicidad del resto de grupos parlamentarios para derogar la "contrarreforma local del PP".

En su defensa de la moción socialista sobre la aplicación de la regla de gasto a las entidades locales, Pradas criticó que la ley se sacó adelante "sin escuchar a la mayoría de los alcaldes y no ha aportado nada bueno a las corporaciones locales", sino que ha colocado a los ayuntamientos "en una situación de desigualdad y servidumbre en relación al resto de las administraciones de Estado".

De esta forma, se comprometió a impulsar una nueva ley de bases de régimen local, que defina claramente las competencias municipales, y una nueva ley de haciendas locales que asegure su financiación, así como a abordar simultáneamente "el marco político y el horizonte de lo que debe de ser la financiación local y la financiación autonómica".

Por el contrario, el diputado de Ciudadanos, Francisco de la Torre, defendió que la regla de gasto es "la misma" para todas las administraciones y limita el crecimiento del gasto, por lo que considera que se trata de una norma "básica" por ser "la única forma de mantener la sostenibilidad de las administraciones".

No obstante, indicó que se puede redefinir la regla de gasto, si bien ha insistido en que el dinero se destina a reducir y amortizar la deuda, ya que cuando se dispone de él con frecuencia se invierte "mal". "Estamos hartos de ver aeropuertos vacíos", apuntó.

De su lado, el portavoz de Unidos Podemos en la Comisión de Hacienda, Alberto Garzón, criticó la "ideología de la austeridad y la consolación fiscal" implantada por el PP como "única opción" en sus sucesivas legislaciones. Garzón ha denunciado que los ayuntamientos tengan una "camisa de fuerza" cuando "tendrían que ser los que más ayudas tuvieran".

CRÍTICAS DE LOS NACIONALISTAS

Por su parte, desde ERC Teresa Jordá criticó que la regla de gasto "condena a más sacrificios y austeridad" y ha denunciado la "injusticia" de que la Administración estatal acumule la mayoría de la deuda mientras se obliga a mayores restricciones a comunidades autónomas y corporaciones locales. "Se producen alarmantes desequilibrio", ha advertido.

En este sentido, Idoia Sagastizabal, del PNV, lamentó la imposibilidad de utilizar los remanentes para inversiones y políticas sociales, así como el "poco margen" de los ayuntamientos para aumentar sus ingresos ante la "poca" capacidad normativa para regular los impuestos.

Entre tanto, el PDECat, Compromís, Coalición Canaria y Nueva Canarias también han apoyado a la iniciativa. Antoni Postius, del PDECat, reprobó que con la regla de gasto el superávit no sirva para contar con más recursos; Joan Baldoví de Compromís indicó que su formación votará algunos puntos al ver la moción "absolutamente insuficiente", y denunció la "camisa de fuerza que maniata a los ayuntamientos".

Entre tanto, Desde Nueva Canarias y Coalición Canaria, los diputados Pedro Quevedo y Ana Oramas, respectivamente, señalaron que "no tiene sentido" tratar por igual a los incumplidores y a los cumplidores, y han reclamado que se pueda utilizar el superávit en un contexto en el que hay ayuntamientos que agotan las ayudas de emergencia.

Por el contrario, el diputado 'popular' José Vicente Marí recordó que en el seno de la Comisión Nacional de las Administraciones Locales (CNAL) ya se acordó crear un grupo de trabajo para revisar la regla de gasto en el primer semestre del año, e indicó que su grupo parlamentario ha propuesto enmiendas y una enmienda transaccional.

Marí abogó o por revisar la regla este año y estudiar los costes de fondo de proveedores, si bien dijo no coincidir en la propuesta socialista de volver a la modificación de la Ley de Estabilidad de los socialistas de 2006.