El Congreso concede beneficios fiscales a los patrocinadores del Mobile World Capital de Barcelona

La Comisión de Economía del Congreso ha aprobado el dictamen de la la ley de Instituciones de Inversión Colectiva incorporando un paquete de enmiendas pactadas por PSOE y CiU entre las que destaca una que declara al Mobile World Capital de Barcelona "acontecimiento de excepcional interés público", lo que se traduce en beneficios fiscales para las empresas patrocinadoras.

Así, las empresas que inviertan en publicidad en el evento tendrán beneficios fiscales del 15%, mientras que las donaciones al consorcio creado para el evento serán bonificadas en un 25% para las personas físicas y un 35% para las sociedades, en virtud del régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo.

La enmienda transaccionada por PSOE y CiU recoge que estos beneficios se incluirán "en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2012". Este acuerdo se hará efectivo aunque la convocatoria de elecciones en noviembre obliga a que las cuentas públicas del próximo año prorroguen las de 2011, según han aclarado a Europa Press en fuentes parlamentarias.

El portavoz económico de CiU, Josep Sánchez Llibre, ha defendido que entre 2012 y 2018, Barcelona no sólo acogerá la celebración del Mobile World Congress, como hasta ahora, sino que se convertirá "en centro tecnológico y cultural permanente destinado a impulsar el tejido industrial existente, crear nuevas oportunidades de negocio" para la ciudad y el conjunto del país.

1850 MILLONES DE EUROS Y 6.000 EMPLEOS

Las previsiones son que los ingresos anuales asciendan a 270 millones de euros, que el volumen de negocio para Barcelona de estos años llegue a los 1.850 millones y que se creen 6.000 puestos de trabajo temporales cada año durante los tres meses que duran el Mobile World Capital.

Paralelamente, Sánchez Llibre ha pactado con el PSOE otra enmienda que establece que los proyectos financiados con cargo al Fondo Estatal de Inversión Local y el Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad Local "que sean suspendidos por orden judicial" podrán prorrogar el plazo máximo de ejecución hasta que la medida cautelar sea levantada.