Todo el Congreso menos el PP insta al próximo Gobierno a derogar las reformas laborales y subir el SMI

La iniciativa, propuesta por En Comú Podem --la confluencia catalana con la que Podemos concurrió a las elecciones generales de diciembre--, ha contado con el apoyo de todos los grupos parlamentarios de la Cámara Baja, salvo los 15 votos en contra de los populares.

Durante el debate de la proposición, la diputada de En Comú Podem, Aina Vidal, ha subrayado que la Carta Social Europea constituye una "pieza angular" en la "Europa social" y ha recordado las críticas recogidas en un informe del Comité Europeo de Derechos Sociales, en el que se señala que España "incurre en graves incumplimientos" en materias como de derechos laborales, negociación colectiva y libertad sindical, refiriéndose por ejemplo a la aprobación de la reforma laboral de 2012 sin "consulta" a los agentes sociales pese a que se "permite a los empleadores de manera unilateral no aplicar condiciones pactadas en los convenios".

Además, el texto critica la falta de un preaviso "adecuado" en los despidos de contratos temporales o de apoyo a los emprendedores, la posibilidad del empresario de "imponer libremente" jornadas irregulares o de fijar la jornada flexible para periodos de un año, y la falta de garantías de una remuneración o tiempo libre compensatorio suficientes por las horas extraordinarias.

Asimismo, el organismo ha pedido información a España sobre las denuncias sindicales respecto de las "restricciones del derecho de huelga y la criminalización" de la actividad sindical por parte del Ejecutivo, y también considera que nuestro país "incumple la obligación de asegurar que todos los trabajadores expuestos a riesgos para la salud y la seguridad tienen derecho a medidas compensatorias".

REFORMA LEGISLATIVA CONCERTADA.

Todo el Congreso, salvo el PP, ha dado luz verde a la proposición no de ley por la que se insta al próximo Ejecutivo a poner en marcha una reforma legislativa que cuente con la concertación social para "dar cumplimiento" a la Carta de Derechos Sociales en los aspectos criticados por el Comité Europeo, lo que de facto supondría eliminar muchos de los principales contenidos de la reforma laboral de 2012.

Además, pide que se ratifique "cuanto antes" el Tratado Internacional por el que se aprueban las modificaciones introducidas en la Carta Social Europea Revisada, que "crean un sistema de control de cumplimiento de los derechos sociales y amplían, al tiempo, su catálogo".

Por otra parte, la formación catalana indica en su proposición no de ley que el informe del Comité Europeo de Derechos Sociales también critica que el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) fijado en España "no asegura un nivel de vida decente" ya que tras restar contribuciones a la Seguridad Social e impuestos queda "por debajo del umbral mínimo fijado en el 50% del salario medio neto y, por tanto, son manifiestamente abusivas".

En este sentido, reclama también poner en marcha una "actualización y mejora" del SMI para que "en un periodo breve de tiempo" se pueda dar cumplimiento a las exigencias del Comité sobre la cobertura mínima prevista en la Carta Social Europea, que debe estar en el 60% del salario medio.

Por su parte, la diputada socialista, María Tamara Raya, ha sostenido que Esepaña "precisa de un cambio general", puesto que hay una "necesidad" de recuperación del diálogo social con las organizaciones sindicales y empresariales. Para ello, ha propuesto la elaboración de un nuevo Estatuto de los Trabajadores que constituya una "verdadera carta de derechos" en materia laboral.

De su lado, el diputado popular, Alfonso Candón, ha recordado que el SMI "no es consecuencia de la reforma laboral" de 2012, sino que está regulado en el Estatuto de los Trabajadores y se fija con la consulta de los interlocutores sociales, teniendo en cuenta el IPC y la coyuntura económica, entre otros factores.

De esta forma, ha defendido que las disconformidades generadas "no han sido ocasionadas por el PP" y ha asegurado que desde el PP no se oponen a estudiar con el resto de formaciones la ratificación de la Carta Social Europea, si bien supone iniciar un proceso de reforma legislativa que "no es posible en este momento" por la ausencia de un Gobierno con plenas facultades legislativas.