El Congreso debate el martes cambios legales para lograr una tutela judicial efectiva ante los desahucios

El Pleno del Congreso debate este martes la moción de Unidos Podemos con la que la coalición de izquierdas exige los cambios legales necesarios para que las personas demandadas en casos de desahucios puedan oponerse o presentar un recurso con el fin de que el juez evalúe las posibles situaciones de vulnerabilidad y de acceso a la vivienda.

La moción es consecuencia de la interpelación dirigida por su diputado Rafa Mayoral al ministro de Fomento, Íñigo de la Serna y se debatirá tan sólo unos días después de la presentación del Plan de Vivienda 2018-2021, que contempla ayudas a la compra y al alquiler de viviendas.

En su iniciativa, Unidos Podemos reclama garantizar los derechos a la tutela judicial efectiva y prohibir los desalojos sin alternativa habitacional, cumpliendo así las recomendaciones del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC) de Naciones Unidas.

Para ello, pide modificar la ley de Enjuiciamiento Civil y la ley de Arrendamientos Urbanos y establecer protocolos de coordinación entre el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y las comunidades autónomas y ayuntamientos para definir actuaciones conjuntas entre jueces y servicios sociales, y así que en casos de desalojos a familias y personas en situación de vulnerabilidad se garantice una alternativa habitacional o alquiler social.

Asimismo, estos desalojos, señala el texto deberán producirse una vez haya habido "una consulta genuina y efectiva" con las personas afectadas y de las que comunidades y ayuntamientos "hayan realizado todos los pasos indispensables" para que las personas desalojadas tengan vivienda, en especial en casos con familias, personas mayores, niños y personas en otra situación de vulnerabilidad.

UN PLAN QUE GARANTICE ALQUILER PÚBLICO Y SOCIAL

Por otro lado, Unidos Podemos exige garantizar el derecho a la vivienda adecuada de personas con bajos ingresos, cumpliendo así otra de las recomendaciones del Comité DESC de la ONU, y reclaman impulsar un plan estatal en coordinación con las comunidades autónomas que impulse programas permanentes de ayuda al alquiler con el fin de evitar el lanzamiento de personas en situación de exclusión residencial.

Esto pasa también para aumentar el parque público de viviendas en alquiler hasta situarlo en la media del resto de países de la Unión Europea, con porcentajes de vivienda social, según señalan, de entre el 17% y el 32%, establecer una línea de crédito desde el Instituto de Crédito Oficial (ICO) para financiar la construcción o rehabilitación de viviendas para alquilar.

Asimismo, también reclaman promover acuerdos con la Sareb y bancos para ceder a ayuntamientos y comunidades viviendas vacías con el fin de alquilarlas y ayudas directas para el pago de la renta del alquiler hasta el 40% de la misma para familias con ingresos no superiores a tres veces el IPREM.

Por último, también llaman a luchar contra el acaparamiento de viviendas en manos de grandes sociedades o entidades tenedoras de la misma, obligando a ceder sus viviendas a administraciones competentes y hacer frente, denuncian, a "la situación de emergencia social de personas o familias en riesgo de exclusión", y obligar a estos a garantizar el alquiler social a estas personas.