El Congreso eliminará este jueves la 'enmienda Florentino' apenas dos años después de su aprobación

Con la eliminación de este precepto de la Ley de Sociedades de Capital y de la Ley del Mercado de Valores, el Ejecutivo 'popular' vuelve a permitir a las compañías cotizadas introducir blindajes en sus estatutos, limitando el derecho de voto de los accionistas con la excepción de los casos en los que se haya alcanzado un 70% o más de capital tras lanzar una Oferta Pública de Adquisición (OPA).

Además, con la aprobación de esta normativa se protege a los accionistas de empresas expropiadas mediante OPAs hostiles y se obliga a que las ofertas --tanto voluntarias como obligatorias-- tengan que incluir un informe de un experto independiente que fije un precio limitado al equitativo en circunstancias excepcionales.

CORTA VIDA PARA LA 'ENMIENDA FLORENTINO'

La introducción por parte del PP de estas modificaciones del proyecto de ley de Simplificación de las Obligaciones de Información y Documentación de Fusiones y Escisiones de Sociedades de Capital durante su tramitación en el Senado --donde fue votada por unanimidad-- pone fin a apenas dos años de existencia de la conocida como 'enmienda Florentino', que aprobó el Gobierno socialista en julio de 2010.

A través de una reforma de la Ley de Auditorías y Sociedades Anónimas, el Ejecutivo de Zapatero --con el apoyo de CiU, la abstención del PP y duras críticas de PNV y ERC-IU-ICV-- suprimía desde el 1 de julio de 2011 las limitaciones de derecho de voto en empresas cotizadas, que hasta entonces fijaba en un 10% el derecho de voto de los accionistas independientemente del porcentaje de títulos que poseyeran.

Esto perjudicaba a algunas empresas como Sacyr, que entonces disponía del 20% de los títulos de Repsol, o ACS, que con el 12% de la cartera de Iberdrola era su principal accionista pero no contaba siquiera con representación en el consejo de administración de la eléctrica, lo que llevó a ambas empresas a los tribunales.

Ahora, la vuelta atrás en la normativa coincide con la expropiación, hace unos meses, de la filial de Repsol en Argentina y de Red Eléctrica en Bolivia, empresas que habrían estado más protegidas de haber entrado ya en vigor la nueva ley. En principio, empresas cotizadas como Repsol, Iberdrola o Telefónica, que cuentan con blindajes en sus estatutos, serán las más beneficiadas una vez la Cámara Baja concluya la tramitación de la ley.