El Congreso decide hoy si mete en la reforma laboral el pacto sobre ultraactividad de los agentes sociales

La Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) es la responsable de esta iniciativa que, en forma de proposición no de ley, insta al Ejecutivo a modificar la reforma laboral para incluir esta previsión y evitar los efectos negativos que, a su entender, se derivarán de la cancelación automática de los 1.500 convenios 'caducados' y no reeditados antes del 7 de julio.

Según recuerda la coalición, de mantenerse la actual situación casi 2,8 millones de trabajadores "dejarán de estar sometidos al convenio colectivo que les era de aplicación", quedando así en un "vacío regulador" que, en muchos casos, sólo incluirá la protección y derechos recogidos en el Estatuto de los Trabajadores y el Salario Mínimo Interprofesional.

INESTABILIDAD E INSEGURIDAD

"Las consecuencias de esta situación serían, sin duda, muy duras para los trabajadores afectados, pero además comportan un grado importante de inestabilidad e inseguridad para las propias empresas, además del impacto negativo que pudiera tener para el conjunto de la economía, si el número de empresas que se acogieran a esa posibilidad fuera importante", advierten desde IU-ICV.

De hecho, aseguran que ni siquiera a la patronal le interesa esta situación y, por eso, el pasado 23 de mayo CEOE y CEPYME firmaron con los sindicatos UGT y CC.OO. un acuerdo "expresando su preocupación por la situación que se puede crear" con el fin del periodo transitorio previsto en la reforma laboral y recomendando a las partes que aún estén negociando convenios que continúen más allá de ese plazo máximo, manteniendo mientras tanto la vigencia de sus convenios.

En estas circunstancias, los agentes sociales también recomiendan a las partes negociadoras que, en caso de mantenerse los desacuerdos, acudan a mecanismos de mediación y arbitraje, propuesta que IU-ICV-CHA recoge en su texto parlamentario, en el que propone a la Cámara Baja instar al Gobierno a que, antes del 7 de julio, modifique la reforma laboral para "garantizar que, una vez finalizada la vigencia de un convenio colectivo sin acuerdo entre las partes, se activen los procedimientos de mediación y arbitrajes necesarios".

Este cauce debería permitir sustituir el contenido del convenio finalizado por otro que sea "resultado del acuerdo al que se llegue en los procesos de mediación o del laudo arbitral que en su caso pueda dictarse". Para facilitar esta posibilidad, la coalición de izquierdas reclama también ampliar el periodo transitorio previsto "hasta que no se produzcan los cambios legales" reclamados con esta proposición.