El Congreso renuncia al formato interrogatorio ante Rato en la comisión que investiga la crisis

Según indican a Europa Press fuentes de la comisión, para la cita del próximo martes se ha optado finalmente por un formato que incluye una intervención inicial de Rato y, a partir de ahí, un intercambio de intervenciones con los grupos, pero sin el careo pregunta-respuesta habitual en otras comisiones de investigación.

Este mismo formato se utilizará para los otros dos exministros de Economía que acudirán también la próxima semana a la comisión de la crisis, Pedro Solbes y Elena Salgado, citados los días 10 y 11, respectivamente.

"LAS RESPUESTAS AQUÍ NO SON DE UN 'SÍ' O UN 'NO'"

La presidenta de la comisión y diputada de Coalición Canaria, Ana Oramas, ha justificado la decisión alegando que cuando se utilizó el interrogatorio directo con el exsubgobernador del Banco de España Francisco Javier Aríztegui --única vez que se acordó el intercambio entre el compareciente y diputado--, la comparecencia duró más de tres horas y media, a pesar de que únicamente participaron cuatro grupos parlamentarios.

Además, considera que los temas de los que se hablan en la comisión no requieren del formato interrogatorio. "Las respuestas que se dan en esta comisión no son de un 'sí' o un 'no'. La materia nuestra es muy densa, son respuestas largas. Un minuto de pregunta pueden ser diez minutos de respuesta", asevera, recordando que el tiempo por grupo que se acordó en su momento para este formato descartado es de 15 minutos.

En declaraciones a Europa Press, Oramas ha defendido el formato de los turnos de discursos, pues cree permite "cierta flexibilidad y debate" y asegura que la decisión, adoptada por la comisión el pasado mes de diciembre, antes del parón navideño, fue consensuada por todos los grupos, al igual que el resto de decisiones adoptadas por la comisión, a excepción de las discrepancias manifestadas por Unidos Podemos sobre las comparecencias excluidas.

UNIDOS PODEMOS RECUERDA QUE CON RATO SE ACORDÓ INTERROGAR

Sin embargo, desde Unidos Podemos han lamentado reiteradamente, incluso durante la celebración de las comparecencias, que el formato elegido de intervención no permitía un diálogo con el compareciente, que creen necesario para alcanzar una mayor concreción en sus respuestas.

De hecho, subrayan que el formato de interrogatorio elegido para Aríztegui, 'número dos' del exgobernador Miguel Ángel Fernández Ordóñez, solo se eligió tras proponerlo el PP, petición que respaldaron porque así lo quieren para el resto de comparecientes. Además, el propio portavoz de la coalición en la comisión, Alberto Garzón, recordaba en diciembre, en declaraciones a Europa Press, que al inicio de los trabajos de la comisión ya se había acordado el formato interrogatorio para determinados comparecientes, entre los que se encontraba Rato.

CNMV Y LA JUDICIALIZACIÓN DE LOS DESAHUCIOS

Las sesiones de la próxima semana de la comisión se completará con las intervenciones de los responsables de la Comisión Nacional del Mercado de Valores durante los últimos tres años, dos secretarios de Estado de Economía y el abogado del caso que provocó que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea declarara abusiva la legislación española en materia de desahucios.

Así, el martes acudirá al Congreso el que fuera presidente de la CNMV entre 2007 y 2012, Julio Segura, al que le seguirán durante el miércoles y jueves sus dos sucesores: Elvira Rodríguez (presidenta entre 2012 y 2016) y el actual presidente, Sebastián Albella. Su turno será a partir de las 16.30 horas.

Por último, cerrarán cada sesión, a partir de las 18.30 horas, los 'números dos' de los dos últimos ministros económicos: José Manuel Campa Fernández, secretario de Estado de Elena Salgado, y Fernando Jiménez Latorre, nombrado por el actual ministro Luis de Guindos hasta 2014. Ambos comparecerán el martes y el miércoles, respectivamente.

Por último, el miércoles a las 18.30 horas comparecerá ante la comisión el abogado Dionisio Moreno Trigo, que acude al Congreso como abogado del 'caso Aziz'. Tras ser desahuciado en 2011 por varios meses de impago de una hipoteca con CatalunyaCaixa, Mohammed Aziz decidió litigar la nulidad de una cláusula en el juzgado mercantil de Barcelona.

Desde allí, el juez Fernández Seijo elevó una consulta prejudicial a Estrasburgo, que acabó cuestionando la normativa española por ser contraria al derecho comunitario al no garantizar la protección que recoge la directiva europea al consumidor. Según el TJUE, esta normativa hace "imposible o casi imposible" a un juez dictar medidas cautelares, particularmente la suspensión del procedimiento de ejecución, cuando sean necesarias para garantizar la eficacia de la decisión final.