Todos los grupos del Congreso respaldan implantar la renta mínima, salvo PP y Cs, que la ven "inasumible"

Estas han sido las posturas reflejadas por los portavoces de los distintos grupos parlamentarios durante el debate sobre la toma en consideración en el Pleno del Congreso de los Diputados de la proposición no de ley para fijar la renta mínima, procedente de una iniciativa legislativa popular (ILP) de los sindicatos CC.OO. y UGT., cuyos secretarios generales, Ignacio Fernández Toxo y Pepe Álvarez, han acudido al hemiciclo para seguir el debate.

El portavoz de Empleo del PSOE en el Congreso, Rafael Simancas, ha calificado de iniciativa "de alcance, sumo interés y relevante" la proposición de ley para establecer una prestación no contributiva de ingresos mínimos y vinculado a la búsqueda de empleo, recordando que al derivarse de una ILP que recopiló 700.000 firmas tiene "más legitimidad en términos democráticos".

Simancas ha dicho que desde el Grupo Socialista coinciden con la propuesta sindical para establecer un ingreso mínimo que asegure una "vida digna" y cubrir una "carencia seria" y una "insuficiencia grave" en el sistema público de protección social para los que han agotado todas las ayudas posibles, de forma que se consiga tener "un país decente".

En este sentido, ha recordado que hay 1,4 millones de familias con todos sus miembros activos en paro, 700.000 familias sin ingresos, seis millones de trabajadores pobres con sueldos inferiores al SMI, tres millones de personas bajo el umbral de la pobreza, 3,5 millones en pobreza severa y dos millones de niños pobres.

En este sentido, Simancas, que ha anunciado la intención del PSOE de que se incremente la prestación por hijo a cargo durante la tramitación de la ley, ha defendido la viabilidad económica de la iniciativa si se comparan los 12.000 millones que conllevaría con los 40.000 millones del rescate bancario, o los 30.000 millones que suponían las prestaciones por desempleo en 2011 y los 18.000 millones que representan en la actualidad.

PODEMOS PIDE UNA RENTA DE 660 EUROS

El portavoz de Presupuestos de Unidos Podemos, Segundo González, ha defendido por su parte que la iniciativa va en la "dirección adecuada", si bien ha criticado los "planes" del PP y el PSOE para obstruir la aplicación de la ley, ya que "parece que se pondrá de acuerdo para no aplicar la medida hasta que no haya Presupuestos".

González ha reprobado a las formaciones mayoritarias que no se pusiesen "tan quisquillosos" con el coste de 60.000 millones del rescate bancario o los 5.000 del rescate a las radiales, y ha afeado el rechazo a la iniciativa en un contexto en el que el patrimonio de los 200 más ricos ha crecido en 60.000 millones en los dos últimos años y las grandes empresas pagan menos impuestos que el resto, cuando hay 720.000 hogares que "hicieron sus deberes y ahora la Administración les ha dejado en la estacada".

A pesar de su voto favorable a la tramitación de la iniciativa, González ha indicado que desde Unidos Podemos intentarán incrementar la cuantía durante su tramitación, para ampliar la cobertura de 426 euros, que "no es una cantidad suficiente para salir del umbral de la pobreza", hasta el entorno de los 660 euros.

NO PEDIMOS LA LUNA

"No pedimos la luna, sino que nos hacemos eco de las recomendaciones de la CE para hacer extensivo a todo el Estado una realidad en el País Vasco", ha apuntado.

Por el contrario, la diputada 'popular' Susana López Ares ha apelado al "voto responsable" para rechazar la toma en consideración de la iniciativa porque "no se puede votar el inicio de un proceso que se sabe desde un principio que no es viable".

López Ares ha indicado que algunos expertos calculan que el número de posibles beneficiarios podría oscilar entre los 8 y los 10 millones de personas que podrían cumplir unos requisitos que "no son tan claros", y el coste podría situarse entre los 12.000 y los 50.000 millones de euros.

DEMAGOGIA

De esta forma, ha tachado de "demagogia" la postura de algunos portavoces parlamentarios, si bien ha mostrado su "respeto" por los 700.000 firmantes de la ILP, a los que ha señalado que desde el Grupo Popular "no vamos a decirles que algo es posible cuando es absolutamente imposible".

Por ello, ha abogado por "soluciones reales a los problemas y no castillos en el aire", avanzando que se continuará con el Plan Prepara, el PAE y los programas sociales que permiten que 14 millones de españoles reciban alguna prestación.

El portavoz de Economía de Ciudadanos, Toni Roldán, se ha opuesto a la proposición de ley y ha criticado al PSOE por "podemizar" sus políticas, con una iniciativa que "no se puede cumplir y acaba generando desconfianza" al ser "un caldo de cultivo perfecto para que emerja el populismo".

Roldán ha dicho ver un problema de "dinero, incentivos y conceptos" en la iniciativa, que a su juicio es inasumible en términos económicos al suponer una cifra similar a la necesaria para reducir el déficit del 4,6% del año pasado al 3,1% comprometido este ejercicio, pero "en la dirección contraria".

"Quiero cambios reales y no políticas que perpetúan los problemas sociales y las trampas de pobreza", ha espetado Roldán, quien ha recordado que desde la formación 'naranja' están negociando el complemento salarial para los jóvenes y acordando la ampliación del Programa de Activación para el Empleo (PAE).

APOYO DEL RESTO DE GRUPOS

De su lado, el resto de formaciones expresaron su respaldo a la iniciativa. Desde ERC, Jorge Salvador i Duch, ha apuntado que la renta mínima "no es la solución al problema de pobreza", ya que las causas obedecen a las políticas económicas desarrolladas por los últimos gobiernos.

No obstante, ha dicho que el problema social es "inaplazable" y que comparte el diagnóstico sobre la situación "dramática" de "centenares de miles de personas".

A su vez, el diputado de PNV, Íñigo Barandiaran, opina que solo por la desaparición de las desigualdades "merecería la pena prestar atención a la iniciativa", aunque la desigualdad se produzca en un grado desigualdad en función de la comunidad española, para la que ha mostrado su apoyo, si bien ha reclamado el principio de subsiddariedad y que se debate el ámbito competencial durante su tramitación.

Desde el PDECat, Carles Campuzano, ha marcado la necesidad de una prestación orientada a dar cobertura de larga duración y que esté vinculada al empleo y la formación, así como que se gestione por parte de las comunidades autónomas, como parte de la vinculación entre las políticas activas y pasivas.

Campuzano ha valorado que no se produzca ninguna modificación de competencias autonómicas, sino que se produzca una "lógica combinación" de las competencias entre las CCAA y la Seguridad Social.

A su vez, el portavoz de Compromís en el Congreso de los Diputados, Joan Baldoví, ha defendido que "en una verdadera democracia nadie debería quedar atrás", por lo que ha respaldado la iniciativa como un "verdadero acto de justicia".

De su lado, desde Coalición Canaria, Ana Oramas, ha mostrado su apoyo a la toma en consideración, aunque ha matizado que no significa que los nacionalistas canarios estén de acuerdo en el contenido de los aspectos competenciale, por lo que cree que se debe abrir un debate entre las comunidades autónomas y en el tema financiero.

Entre tanto, Íñigo Alli, diputado de UPN, ha mostrado su voto favorable a la toma en consideración, pendiente del debate de la iniciativa en su tramitación.