El Congreso acepta tramitar la ley del PSOE para acabar con cláusulas abusivas y reforzar la transparencia

La iniciativa ha sido respaldada por PSOE, Unidos Podemos-En Comú Podem, Ciudadanos, Esquerra Republicana, PDeCAT, PNV, Compromís, EH Bildu, Coalición Canaria y Nueva Canarias. Esto es, toda la Cámara Baja a excepción de PP, UPN y Foro Asturias, que han votado en contra.

Con su propuesta, registrada el pasado noviembre, el PSOE busca definir el concepto de cláusula abusiva y especificar que estas quedan sujetas al régimen de la nulidad de pleno derecho. De esta forma, no podrá tener efectos frente al consumidor y usuario y no permitirá al profesional obtener ningún beneficio o ventaja derivada de ella.

La ley encuadra como cláusulas abusivas las que vinculan el contrato a la voluntad del empresario; limitan los derechos del consumidor y usuario; determinan la falta de reciprocidad en el contrato; imponen al consumidor y usuario garantías desproporcionadas o le imponen indebidamente la carga de la prueba; son desproporcionadas en relación con el perfeccionamiento o ejecución del contrato o contravienen las reglas sobre competencia y derecho aplicable.

Para ello, incluye modificaciones de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, que data de 1998; la de Condiciones Generales de la Contratación; la de Contrato de Seguro y la del Mercado de Valores.

IMPEDIR FRAUDES COMO EL DE LAS PREFERENTES

Además, mandata al Gobierno para que en el plazo de seis meses desde su entrada en vigor elabore un proyecto de ley para involucrar a notarios y registradores de la propiedad y mercantiles en el control del principio de transparencia en la contratación.

Tal y como explicaron responsables socialistas durante la presentación de la iniciativa, la norma quiere impedir que se repitan fraudes como el de las preferentes, un complejo producto financiero que bancos y cajas de ahorro vendieron a sus clientes sin informarles debidamente de los riesgos que comportaba este producto.

La ley también quiere regular el ámbito de la contratación entre empresarios, donde el pequeño y mediano empresario a menudo se ve obligado a aceptar como mero adherente las condiciones y reglamentaciones predispuestas por la entidad financiera, la empresa de servicios o contratista principal de la obra.