El Congreso tramitará como proyecto de ley la norma para exigir a grandes empresas información no financiera

En concreto, el Pleno de la Cámara Baja ha aprobado con los votos a favor del PP, Ciudadanos, PNV y el PDeCAT, y la abstención del PSOE, Unidos Podemos y ERC, la convalidación del real decreto-ley que transpone la directiva sobre divulgación de información no financiera y sobre diversidad, que modifica el Código de Comercio y el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital y la Ley de Auditoría de Cuentas.

Además, el Congreso ha aprobado por mayoría, incluido el PP, la tramitación del decreto como proyecto de ley, solicitada por los partidos que se han abstenido en la votación, por lo que los grupos podrán introducir enmiendas a la norma.

Durante el debate de convalidación de la norma, el ministro de Economía, Industria y Competitividad, Luis de Guindos, ha augurado que la transposición aumentará la transparencia de las grandes empresas y la confianza de los inversores, los consumidores y la sociedad en ellas.

De Guindos ha defendido el decreto porque permitirá identificar riesgos para la sostenibilidad y "aumentar la confianza de los inversores, los consumidores y la sociedad", así como la transparencia de las grandes empresas.

Además, ha justificado el retraso en la trasposición de la directiva, cuyo plazo límite venció en diciembre del año pasado, en la falta de un Gobierno con plenas funciones, lo que "no ha facilitado la tarea".

Por este retraso la Comisión Europea ha abierto un procedimiento de infracción a España que, si llega a culminar en la presentación de una denuncia ante el TJUE, podría conllevar la imposición de una multa a contar desde el día límite para la trasposición, motivo por el que Guindos considera "más que justificada" la urgencia y extraordinaria necesidad del decreto-ley.

La norma establece que las grandes empresas deberán acompañar su informe anual con información sobre sus políticas medioambientales, su personal, el respeto a los derechos humanos, y la lucha contra la corrupción y el soborno, de forma que deberán incluir las medidas encaminadas a la igualdad de género, el medio ambiente, en materia de derechos humanos, para impedir abusos y los recursos internos para prevenir la corrupción y el soborno, entre otros.

El ministro ha explicado que esta norma atañe a compañías grandes con consideración de entidad de interés público, es decir, aquellas en las que el número medio de trabajadores durante el ejercicio sea superior a 500 y que durante dos años consecutivos reúnan al menos dos de las siguientes circunstancias: que el total de las partidas del activo sea superior a 20 millones de euros, que el importe neto de su cifra anual de negocios supere los 40 millones de euros o que el número medio de trabajadores empleados sea superior a 250.

Por su parte, desde la oposición han criticado que se haya vuelto a utilizar el recurso del decreto-ley y el retraso en la transposición de la directiva, así como que ésta sea "poco ambiciosa" por parte del Gobierno, por lo que el PSOE, Unidos Podemos y ERC han solicitado su tramitación como proyecto de ley.