Contratistas de Cataluña piden al Estado reactivar su inversión en la región tras caer un 23% en 2017

El presidente de la Cámara de Contratistas de Cataluña, Joaquim Llansó, ha pedido al Estado que reactive la inversión pública en la región después de que en 2017 la inversión de la Administración General del Estado se situara en 218 millones de euros, lo que supone 66 millones menos respecto al año anterior (-23%).

Llansó ha lamentado en rueda de prensa que estas cifras "distan mucho de las promesas que el Gobierno está haciendo", refiriéndose, por ejemplo, a los 4.200 millones que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, anunció en Cataluña hasta 2020.

"La inversión pública es un drama. Lo que no puede hacer un Estado es invertir en Cataluña 200 millones de euros. No querría pensar mal, pero hace años que el Estado no está invirtiendo en Cataluña la parte que le corresponde", ha asegurado.

La licitación pública en Cataluña se situó en 2017 en 1.690 millones de euros, frente a los 1.131 del año anterior, pero pese a este incremento el valor absoluto está todavía muy alejado de los 3.750 millones de media de los últimos 20 años.

La licitación pública se ha visto impulsada principalmente por las administraciones locales, cuya aportación ha aumentado en 496 millones, hasta los 1.046 millones y haciéndose con el 62% del total, si bien Llansó ha apuntado el riesgo de que este ritmo inversor pierda fuelle una vez pasen las elecciones municipales.

Por su parte, la Generalitat aumentó las licitaciones en 128,5 millones, con un total de 426 millones, lo que equivale al 25% del total, siendo por tanto el Estado la Administración que menos inversión pública ha ejecutado.

Llansó, que también forma parte del Consejo Asesor de Infraestructuras de Cataluña, se ha referido a los últimos anuncios realizados por el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, como la reactivación de las obras de la estación de La Sagrera, los soterramientos de vías en Sant Feliu de Llobregat, L'Hospitalet de Llobregat y Montcada i Reixac, y el nuevo Plan Director del Aeropuerto de Barcelona, entre otros.

Precisamente, el Consejo Asesor de Infraestructuras de Cataluña se reunió el 30 de enero con el ministro: "Le dijimos que era un tema de credibilidad. Puedes decir que harás muchas cosas y después se tienen que llevar a cabo. Del dicho al hecho hay un trecho".

"Me da la sensación de que tomó nota, de que es consciente de que el Estado tiene que cambiar su política respecto a Cataluña", ha continuado Llansó, que ha añadido que ahora el Gobierno central no puede decir que la Generalitat no hace nada, ya que los ministros también son ahora consellers con la aplicación del artículo 155 de la Constitución.

Llansó ha dicho que, de momento, este 2018 está marcado por la incertidumbre por la falta de presupuestos del Gobierno y por la ausencia de Govern en Cataluña: "Queramos o no, esto va frenando la dinámica normal de inversión pública de cualquiera de las administraciones. Necesitamos estabilidad jurídica, económica y política".

22.621 EMPRESAS EN 2017

Durante 2017 se ha revertido la tendencia de destrucción de empresas que se inició con la crisis en 2008, un año en que Cataluña contaba con 47.869 empresas constructoras y de ingeniería civil.

Desde 2008 a 2017 se han perdido 25.248 empresas de uno o más trabajadores, es decir, el 53% de las existentes en 2008, y pese a que las 22.621 de 2017 son todavía una cifra muy inferior se ha logrado revertir la tendencia de cierres empresariales a causa de la escasez de proyectos y la extrema competencia en precios.

De cara a 2018, Llansó ha insistido en la necesidad de que la licitación pública se sitúe en un 2,2% del PIB catalán, lo que se traduce en unos 5.000 millones de euros anuales; priorizar las infraestructuras en función de la demanda, planificarlas a 15 años vista, apostar por la colaboración público-privada y establecer mecanismos para determinar la mejor propuesta en relación calidad-previo, evitando así las ofertas por debajo de su coste.