Controladores votan mañana si convocan una huelga en plena temporada turística

La Unión Sindical de Controladores Aéreos (USCA) ha convocado votaciones en las 49 dependencias desde las que los controladores aéreos regulan los vuelos.

Los principales centros de trabajo son Madrid, con varias dependencias donde desempeñan su labor cerca de 400 controladores; Barcelona, con unos 300, y las Islas Canarias, con 200.

Los resultados de la consulta serán comunicados a la central del sindicato que se encuentra en Barcelona, y una vez conocidos éstos, será la Junta Directiva quien tome la última resolución, previsiblemente a última hora de la tarde.

La consulta fue anunciada este pasado fin de semana en respuesta a la "provocación" que supuso la aprobación, mediante un Real Decreto, de un reglamento que establece las normas de seguridad aeronáutica en relación con los tiempos de actividad y los requisitos de descanso de los controladores civiles.

USCA ha interpretado que el único objetivo de la decisión del Gobierno ha sido "dinamitar" las negociaciones del convenio colectivo, ya que "no sólo no avanzamos en la mesa, sino que además aparecen medidas como la del viernes".

Ese reglamento fija los límites diarios, semanales, mensuales y anuales del trabajo de los controladores, de tal forma que la máxima duración del turno diurno se fija con carácter general en 10 horas (con 30 minutos de descanso cada dos horas) y el límite semanal, en 50 horas.

El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, confió hoy en que no haya huelga de controladores aéreos y que, si finalmente se produce, el impacto sea el "menor posible para la temporada turística" gracias a las medidas del Ministerio de Fomento.

También mostró su esperanza de que, si finalmente se rechaza la huelga, se produzcan menos aún "paros extraños", en el sentido de "falta de personas que no van a trabajar por unas u otras circunstancias".

Precisamente, los controladores se han mostrado dolidos por las acusaciones de que "hemos hecho huelgas encubiertas en las últimas semanas", que llevó al departamento que dirige José Blanco a pedir la intervención del fiscal general de Estado, Cándido Conde-Pumpido, por si había delito en el elevado y repentino número de bajas médicas.

Según datos de la Seguridad Social, a un 66,34% de los controladores que se ausentaban del trabajo por estar de baja médica se les dio de alta tras pasar la revisión médica, es decir, tuvieron que volver a trabajar 136 de los 205 que tenían la baja.

El ministro de Fomento, José Blanco, anunció ayer en Santander que si los controladores convocan huelga, "de acuerdo con la ley" se establecerían los servicios mínimos para garantizar el funcionamiento de los aeropuertos españoles".

Sin embargo, ha apuntado que para "situaciones excepcionales" los Ministerios de Fomento y de Defensa han llegado a un acuerdo para que controladores aéreos militares puedan "garantizar el interés general".

Además de la amenaza de huelga, los controladores aéreos sólo siguen parcialmente su lucha en los tribunales, ya que han renunciado a recurrir ante el Tribunal Supremo la sentencia de la Audiencia Nacional del pasado abril que avaló la ley que reorganizaba su trabajo y rebaja su salario.

El recurso no se ha llegado a formalizar ante el alto tribunal debido principalmente a que esta medida paralizaba las centenares de demandas particulares interpuestas por los miembros del colectivo ante los Juzgados de lo Social por el cambio de sus condiciones de trabajo.

El pasado 12 de abril, la Audiencia Nacional avaló la Ley de Prestación de Servicios de Tránsito Aéreo, ya que consideró que no era inconstitucional, como defendía USCA.

Los jueces de la Sala de lo Social desestimaron la demanda de conflicto colectivo de USCA porque argumentaron que la ley fue "necesaria, idónea y proporcionada" para corregir en el plazo más breve posible la "situación calamitosa" originada por la prórroga del convenio colectivo de los controladores.

Los controladores sí mantienen, en cambio, la apelación a la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para que se pronuncie sobre las decisiones del Gobierno.