DL propone transformar el Fondo Social de Vivienda en un parque público gestionado por CC.AA. y ayuntamientos

Así consta en una proposición no de ley que los independentistas catalanes han registrado para su debate en el Pleno del Congreso y a la que ha tenido acceso Europa Press. En el texto, DL critica el "importante problema" que siguen sufriendo quienes, tras perder su vivienda por impago, siguen sufriendo precariedad económica y "exclusión social residencial".

Y todo mientras en España existe "un gran parque de viviendas vacías" en manos de promotores, entidades financieras o fondos de inversión, así como de la propia Administración pública a través de la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria.

GENERALIZAR LA RESPUESTA

"Es preciso habilitar mecanismos para facilitar el acceso a la vivienda a los ciudadanos que sufren exclusión", defiende DL, que recuerda que "ya se han dado pasos en esa dirección" en alguna regiones como Cataluña, que tiene suscrito un convenio con la Sareb y con algunas entidades financieras, pero considera que "urge" generalizarlas a todo el país.

Y dado que la el problema de los desahucios es consecuencia de la crisis y el paro, pero también de una "regulación de la actividad financiera excesivamente laxa en lo que se refiere a la concesión de hipotecas que nunca debieran haberse otorgado", Democracia y Libertad plantea nuevas medidas que implique también a los bancos y a la Administración.

Por eso, propone en concreto que el Gobierno elabore un mapa de viviendas vacías procedentes de ejecuciones hipotecarias y que son titularidad de la Sareb para conocer su ubicación y su disponibilidad.

Además, visto que la gestión del Fondo Social de Vivienda "no está siendo eficiente ni eficaz" a su entender, plantea transformarlo en un Parque de Viviendas Sociales formado por los pisos detectados en el mapa y que sean cedidos por sus titulares --entidades financieras, fondos de inversión, etc.-- "de forma temporal".

La gestión de este parque quedaría en manos de comunidades autónomas y ayuntamientos, en colaboración con las entidades sociales, y las viviendas se destinarían a alquileres sociales para personas que hayan perdido su hogar a resultas de una ejecución hipotecaria por impago.