Defensor del Pueblo pide que se inste a Santander a facilitar una vía no judicial para minoristas de Popular

El Defensor del Pueblo ha formulado una recomendación a la Secretaria de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa para que inste a Santander a valorar la creación de una solución extrajudicial para los accionistas minoritarios y los titulares de deuda subordinada de Popular antes de su resolución.

En su informe anual de 2017, el Defensor del Pueblo recoge esta recomedación sobre Santander, que ya diseñó una compensación para determinados accionistas a cambio de su renuncia a emprender o continuar acciones judiciales.

Esta compensación consiste en la entrega de un bono de fidelización a los clientes minoristas de la entidad que adquirieron acciones de Popular entre el 26 de mayo y el 21 de junio de 2016, coincidiendo con la ampliación de capital de 2.500 millones de euros que lanzó el banco entonces presidido por Ángel Ron.

Se trata de obligaciones perpetuas emitidas por Santander, con 100 euros de valor nominal y que se podrán amortizar a partir de los siete años a voluntad del banco, previa autorización del Banco Central Europeo (BCE). Cuando se produzca su amortización, el titular recibirá el 100% del valor nominal del bono de fidelización.

El bono fue ofrecido a los clientes que compraron acciones en esas fechas y los que lo aceptaron se comprometieron a no emprender acciones legales contra Santander por el tema de Popular.

En cuanto a la supervisión de la situación del banco con anterioridad a su resolución, el Defensor del Pueblo considera que el control preventivo sobre Popular fue "ineficaz" para garantizar la transparencia y los derechos de los inversores, dado que "no se detectaron los problemas" que llevaron a la resolución.

En este sentido, aunque considera que el Banco Central Europeo (BCE) ejerce la supervisión directa de las entidades, apunta que el Banco de España colabora con él mediante la remisión de información y la preparación de proyectos de decisión, entre otros.

"Banco Popular daba una imagen de solvencia y solidez que generaba confianza en los inversores", apunta en su informe, en el que destaca que muchos accionistas de Popular eran empleados del banco, "a quienes para adquirir las acciones la propia entidad bancaria les concedió un préstamo que han de continuar pagando".

El Defensor del Pueblo señala que los inversores toman sus decisiones teniendo en cuenta la información de los folletos "sin disponer de medios para poder comprobar los datos". "Si el folleto contiene información errónea o no veraz, entonces los accionistas invierten seriamente confundidos", explica.

RECLAMACIONES

Por otra parte, el Defensor del Pueblo critica que algunas entidades financieras no rectifican su actuación pese a que se resuelvan a favor del cliente algunas reclamaciones remitidas al Banco de España y a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

La institución dirigió a la Secretaría de Estado una recomendación para arbitrar un sistema de reclamaciones extrajudicial "verdaderamente eficaz" que obligue a los bancos a corregir su actuación, que ha sido "aceptada parcialmente", dado que el Ministerio de Economía, Industria y Competitividad trabaja en un anteproyecto de ley para la racionalización y ordenación de los organismos supervisores de los mercados y la mejora de su gobernanza.

Debido a que el anteproyecto no está aún totalmente elaborado, el Defensor del Pueblo continúa con esta actuación con el Ministerio dirigido por Román Escolano, según añade.